IX. COLOMBIA CONVULSIONADA.

Hace una semana participé al lado de la diputada del partido MORENA Beatriz Robres Gutiérrez, en un programa de Vértice Internacional del Canal del Congreso, que dirige Rina Mussali Galante, en el que conversamos sobre la situación que vive Colombia, con protestas de ciudadanos que se iniciaron en abril de este año y que se mantienen hasta este mes de julio, sin vistos de que terminarán muy pronto y que, de hecho, son continuación de las ocurridas en los dos años anteriores y que duraron varios meses, interrumpidas por la pandemia de COVID-19.

Las causas que provocaron estos estallidos sociales son las políticas neoliberales que el presidente derechista Iván Duque ha implementado a lo largo de su mandato, y que afectan directamente a las clases medias y bajas. Me refiero a modificaciones a los servicios de salud pública y la educación, impuestos dirigidos a estas clases sociales y un incremento desproporcionado de los precios de los combustibles.

Las protestas de este año fueron motivadas por un proyecto de ley fiscal que golpeaba directamente a la mayoría de la población y que provocó una reacción popular tan fuerte que Duque retiró el proyecto y el ministro de hacienda tuvo que renunciar.

Sin embargo, el mandatario – ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuya candidatura presidencial surgió del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de extrema derecha-, no ha cambiado de idea respecto de modificaciones legales para ampliar la base de contribuyentes y para que se disminuya la parte social de la salud y educación, sin reparar en la situación de pobreza que vive el país, cercana al 47%, agravada de manera muy seria por la pandemia global.

Para confrontar el descontento social Duque ordenó primero, la represión de las manifestaciones por cuerpos especiales de la Policía Nacional y, ante su fracaso, por el propio ejército, represión que ha provocado decenas de muertos, heridos y desaparecidos, y que motivó la condena de muchos países y organizaciones defensoras de los DDHH, curiosamente, no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en fecha reciente envió una misión a evaluar la situación.

Tampoco la propia OEA y su Secretario General, Luis Almagro, ha hecho pronunciamiento alguno pues, de hecho, ese funcionario “coincide” con señalamientos del gobierno de Iván Duque de que el origen y financiamiento de las manifestaciones está en Venezuela y por acciones de excombatientes de la guerrilla que retomaron las armas ante el nulo avance del cumplimiento de los acuerdos de paz alcanzados en 2016.

Hay que resaltar que Iván Duque se desempeñaba como representante del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ante el FMI, cargo al que renunció cuando se firmaron estos acuerdos y se sumó al partido de Uribe Vélez que lo postuló y ganó un asiento en el senado.

Es interesante constatar que la representación de la ONU en Colombia, que participa en la mesa de negociación de una salida a esta crisis, negó que en las manifestaciones esté involucrado un gobierno extranjero y que, tampoco, hay pruebas de que los alzados en armas estén atizando el fuego.

Otro ‘detalle’ relevante es que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene un “aprecio especial” por este país al que, siendo vicepresidente en el gobierno de Obama, “vendió” el llamado Plan Colombia que, se dijo, estaba destinado a atacar la producción de cocaína, aunque en el fondo era un apoyo a la lucha antiguerrillera de los gobiernos colombianos.

Es más que obvio que, a cincuenta años de que el gobierno de Ronald Reagan declarara la guerra al narcotráfico, los resultados han sido totalmente decepcionantes.

En Colombia, además, se producen diariamente asesinatos de líderes sociales (cerca de 90 en este 2021) y más de 1,200 asesinatos de desmovilizados.

Una de las razones del fracaso de las negociaciones que se llevaron a cabo en México, entre el gobierno de César Gaviria Trujillo y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de las cuales fui Testigo Internacional, fue la incapacidad del gobierno civil para garantizar la vida a los desmovilizados. En la mente de los negociadores estuvo siempre presente el asesinato masivo de desmovilizados del M-19, guerrilla muy importante en Colombia, a la par de las FARC-EP.

Buscando una salida a esta crisis, se estableció una mesa de negociación entre el gobierno y la coordinadora de los manifestantes que, hasta la fecha, ha sido un fracaso total por las decisiones del gobierno que no accede a dar satisfacción a las demandas populares de un cambio de rumbo al gobierno, además, de manera ofensiva para los manifestantes, premiar con medalla del Senado al encargado de la represión policial.

Históricamente en Colombia solamente compiten dos partidos, Conservador y Liberal, ambos de derecha, que se han turnado en la presidencia y en la última elección, irrumpió el partido de extrema derecha y neoliberal de Uribe Vélez, llevando a Duque a la presidencia. La experiencia ha sido verdaderamente un fracaso para las aspiraciones de una vida mejor para la mayoría de los ciudadanos.

Así, la perspectiva de un cambio en el país está a la puerta con las elecciones presidenciales que tendrán verificativo el año entrante, en las que destaca el dirigente de izquierda Gustavo Petro del partido Colombia Humana, quien actualmente encabeza las preferencias electorales.

Un cambio de dirección difícil, por lo que geopolíticamente está en juego: un nuevo gobierno de izquierda en América Latina, vecino de Venezuela -y de Perú que seguramente también vislumbra un cambio de orientación-, con las implicaciones que esa vecindad tiene para la política de los Estados Unidos hacia Venezuela y hacia los gobiernos de izquierda en general.

Sin embargo, después de la experiencia de las manifestaciones que se han sucedido en los últimos tres años en contra de las políticas neoliberales, es muy probable que el electorado, finalmente, se decida a realizar un cambio verdadero al rumbo del país.

Ciudad de México, julio de 2021.
Sergio J. Romero Cuevas,
Embajador de México (r).

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