Aunque obvio, es bueno destacar que desde hace algún tiempo el mundo está inmerso en la era digital, fundamentalmente porque muchas actividades humanas son realizadas a través de computadoras y la disponibilidad de información es creciente gracias a la tecnología. A la par de esta realidad, y como consecuencia de ella, la cooperación –nacional e internacional- entre gobiernos, industria, comunidades científico-tecnológicas y sociedad civil crece y se diversifica, generando una agenda nutrida de temas en ámbitos como el comercio, las finanzas, las comunicaciones, la seguridad y el funcionamiento de los gobiernos.
En el ámbito gubernamental esta tendencia ha motivado estrategias internas enfocadas a modernizar las funciones propias del Estado, con la aplicación de herramientas de tecnología e informática. Adicionalmente, la colaboración internacional es creciente, tanto de forma bilateral como multilateral. La terminología con la cual se enmarca esta nueva realidad comprende dos aspectos fundamentales: 1) datos abiertos de gobierno (ODG, pos sus siglas en inglés), que conlleva disponibilidad, accesibilidad y reutilización; 2) gobierno digital, que en sentido lato refiere la modernización de los procedimientos utilizados en la generación de bienes y servicios públicos.
Estas dos tendencias –datos abiertos gubernamentales y gobierno digital- son de gran trascendencia ya que contribuyen a que los ciudadanos confíen en la modernización gubernamental, constatando que sus necesidades primordiales son atendidas eficaz y eficientemente; brindan certeza ante los embates de la transformación digital de las economías, y garantizan a los actores económicos nacionales nuevas formas de innovación debido a facilidad para acceder a datos e información oportunos y confiables.
Si bien las dos expresiones son parte de lo digital en el espectro del ejercicio público, este texto se enfoca en los OGP, dejando para una próxima colaboración un análisis específico sobre la aplicación de herramientas digitales en el ejercicio de gobierno, tema con aristas y tendencias específicas.
Algunos de los aspectos fundamentales a tener en consideración cuando hablamos de los ODG son:
a) Los datos generados por los gobiernos son un elemento fundamental de la transparencia pública.
b) Este acervo puede ayudar a la ciudadanía a tener un mejor entendimiento de lo que hace el gobierno y de la forma en que lo hace, así como identificar irregularidades o resultados no alcanzados.
c) Al reutilizar estos datos, los gobiernos mejoran su desempeño y vigorizan su toma de decisiones.
d) Una mayor disponibilidad de datos y un mayor acceso, además de estimular la participación ciudadana, genera innovación o bienes y servicios con mayor valor agregado, lo cual estimula el desarrollo económico.
e) La comunicación entre actores es fundamental: de ciudadanos a gobiernos, enriquece la información proporcionada; entre actores gubernamentales, conlleva un fortalecimiento de los datos proporcionados, así como un mayor compromiso respecto a ciudadanos, sector privado y organizaciones civiles.
Adicionalmente, conviene recordar que fue a partir de la década pasada cuando comenzó a configurarse la connotación actual del término OGD, que considera la información del sector público como cualquier dato producido o comisionado por toda entidad pública, y los datos abiertos como aquellos que pueden ser usados reutilizados y distribuidos sin restricciones, sólo reconociendo su fuente y, de ser posible, garantizando que el resultado de su uso también pueda ser compartido.
En años recientes dos tendencias han caracterizado la aplicación de este término. En primer lugar el reconocimiento de principios inherentes a la información gubernamental: completa, primaria, oportuna, accesible, procesable por máquina, no discriminatoria, no propietaria, sin licencia de uso. En segundo, un cambio en la visión de los servidores públicos, quienes dejaron de considerar como objetivo prioritario el binomio trasparencia y responsabilidad pública para establecer una agenda más amplia sustentada en la innovación, la eficiencia y la flexibilidad del gobierno.
Este ensanchamiento conceptual y su correlato en aplicaciones y prácticas han recibido un interés creciente al interior de los foros multilaterales. Así tanto la Organización de las Naciones Unidas (División para las Instituciones Públicas y el Gobierno Digital), como la Organización de Estados Americanos (Departamento para la Gestión Pública Efectiva), o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (División para la Reforma del Sector Público) analizan y presentan estudios periódicos sobre los ODG desde hace ya cierto tiempo.
En este conglomerado de entidades multilaterales destaca la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa internacional de asociación voluntaria establecida formalmente en septiembre de 2011 a través de la Declaración de Gobierno Abierto. Sus países fundadores son México, Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, los cuales establecieron como objetivo fundamental la formulación de estrategias y planes nacionales de acción en este ámbito.
Ante las crecientes exigencias de la ciudadanía para participar en los asuntos públicos y contar con gobiernos “más transparentes, sensibles, responsables y eficaces,” esta alianza se encaminó a “promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable”. Desde su creación sus compromisos incluyen: a) aumentar la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales; b) apoyar la participación ciudadana.; c) aplicar los más altos estándares de integridad profesional y, d) incrementar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.
A la fecha, la Alianza para el Gobierno Abierto tiene una membresía de 79 países y 20 gobiernos subnacionales que han asumido más de 3 mil compromisos para lograr que sus gobiernos sean más abiertos y responsables. A estos actores se suman cientos de organizaciones de la sociedad civil…”
*Gutiérrez Nieto es consejero del Servicio Exterior Mexicano, actualmente adscrito a nuestra representación en la OCDE.
Dejar una contestacion