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“La salud mental de los infantes se ve generalmente afectada. Los síntomas incluyen niveles extremadamente altos de ansiedad persistente, pérdida de apetito e incapacidad para dormir, tienen arrebatos emocionales o pánico cada vez que oyen los bombardeos.”

Esta es la realidad que las Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos y humanitario han podido narrar permanentemente sobre la barbarie y la brutalidad que ha prevalecido en la Franja de Gaza, desde los ataques de Hamás y la Yihad Islámica Palestina del 7 de octubre de 2023 y la respuesta israelí, cuyos resultados han conllevado consecuencias devastadoras a la población infantil.

Permanecemos indolentes ante una situación de violencia y conflicto armado, del cual no se vislumbra una solución pronta; los niños y niñas están enfermos, hambrientos, heridos y separados de sus familias, con cicatrices en su cuerpo y en sus mentes.

Los actos terroristas, mediante la operación denominada Inundación de Al-Aqsa, cruzaron la frontera y lanzaron cohetes, atacaron varias localidades israelíes, secuestraron a más de 200 personas y realizaron ejecuciones. De acuerdo a las autoridades israelíes alrededor de 1,200 personas habrían perdido la vida y 3,500 habrían resultado heridas. La Operación Espadas de Hierro fue la respuesta inmediata del Estado israelí mediante bombardeos, en tanto que el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró oficialmente la guerra a ese territorio.

Diversas actividades militares israelíes han sido censuradas por defensores de los derechos humanos, por violaciones al derecho internacional humanitario y posibles crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad; por ataques a poblaciones civiles, el uso de armamento prohibido y asesinatos de personal humanitario, sanitario y periodistas; por el cerco al territorio de Gaza, impedimento a la entrega de suministros vitales para la población y por evacuaciones de civiles bajo amenazas; así como por la persecución y asesinatos deliberados y destrucción de viviendas, mezquitas, iglesias y cementerios, entre otros temas.

Aunque en este ámbito, las autoridades israelíes han señalado el uso indebido e indiscriminado de lugares públicos como escuelas o templos, como refugios de grupos terroristas. Esto ha sido el pan de cada día desde el inicio de las hostilidades.

Si bien diversas instancias internacionales han demandado particularmente un alto al fuego y respeto al derecho humanitario, los intentos no han prosperado. Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tres resoluciones para un alto al fuego y ha proporcionado un claro respaldo diplomático y militar a Israel.

Sudáfrica acusó a Israel por los ataques a la Franja de Gaza ante la Corte Internacional de Justicia, por no cumplir con sus obligaciones de la Convención sobre Genocidio de 1948, esa misma Corte emitió medidas cautelares provisionales en tanto no se desarrolle una investigación, en virtud que dictaminó que habría indicios de genocidio.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una resolución contra Israel, a efecto de que rinda cuentas por posibles crímenes de guerra durante la invasión a Gaza. Por su parte, el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y su ministro de defensa y tres líderes de Hamás por crímenes de guerra y contra la humanidad.

El tema del conflicto bélico no parece agotarse ni tener una solución en el corto plazo. Por el contrario, el conflicto se ha extendido en la región con la participación de diversos actores estatales y grupos terroristas, con el riesgo de arrastrar a la región hacia una catástrofe geopolítica y humanitaria inimaginable.

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Si bien la situación precaria de los niños de Gaza no inició propiamente con el conflicto suscitado en octubre de 2023, quienes ya crecían en una situación de violencia permanente y pobreza demoledora, las hostilidades que se iniciaron en esa fecha han tenido efectos trágicos y devastadores. Desde entonces niños y niñas han estado muriendo alarmantemente. La población de la Franja de Gaza es de 2.3 millones de personas, en la cual la población infantil representa el 50 por ciento.

De acuerdo a declaraciones de funcionarios de Unisef, con datos del Ministerio de Salud Palestino, a mayo de 2024 alrededor de 14,000 niños y niñas habrían fallecido en el contexto del conflicto, además de un alto número de población infantil herida. Cifras de medios de comunicación hablan actualmente de 41,615 personas fallecidas, entre éstas 16,500 infantes y 8,663 menores de edad heridos.

Los niños y niñas de Gaza han estado expuestos a una realidad traumática por la guerra, cuyas consecuencias perdurarán toda su vida. De acuerdo a Naciones Unidas, habría alrededor de 1.9 millones de personas desplazadas, de las cuales la mitad es población infantil, la que ha tenido que trasladarse permanentemente para huir de los ataques, la hambruna y las enfermedades, en un cuadro de padecimientos, desnutrición y dolor.

El conflicto ha destruido sus hogares y en muchos casos enfrentan la pérdida de sus progenitores. Atraviesan situaciones de falta agua, alimento, higiene, saneamiento y de los medicamentos básicos para sobrevivir. En las profundidades del conflicto armado y la destrucción no disponen a un acceso seguro de agua potable, retretes y lavamanos para prevenir las enfermedades, como las diarreas crónicas, que se han convertido en una de las principales causas de mortalidad infantil.

Los sistemas de agua se encuentran afectados por desperfectos o la falta de combustible para echar a andar los sistemas. El número de fallecimientos de la población infantil se ha incrementado cuando beben agua no apta para el consumo humano y por la falta de medicamentos y de electricidad en los hospitales y fallas en las incubadoras.

La población infantil y sus familias se encuentran a la deriva en el territorio de Gaza, ahí han estado sujetos a permanentes ataques en los lugares donde deberían sentirse y estar seguros como son sus hogares, los refugios, los hospitales y lugares de culto, ahí muchos mueren o resultan heridos; prevalecen las quemaduras graves y amputaciones. Ante esta realidad, reporta Naciones Unidas, los médicos y enfermeras luchan por salvar la vida de los infantes, sin los recursos médicos, higiénicos y alimenticios necesarios.

Ante la crítica situación de los servicios de saneamiento y de aguas residuales, el virus de la poliomielitis se ha constituido en una seria amenaza, especialmente para la infancia que no han recibido vacunas. En una primera campaña, a principios de septiembre de 2024, alrededor de 560,000 niños y niñas habrían recibido sus vacunas.

Además de las enfermedades, la amenaza de morir de hambre se ha constituido en otra realidad. Este flagelo además de golpear a la población infantil, también ha afectado considerablemente a las mujeres embarazadas y madres lactantes.

La tristeza y el terror es permanente, la salud mental de los infantes se ve generalmente afectada. Los síntomas incluyen niveles extremadamente altos de ansiedad persistente, pérdida de apetito e incapacidad para dormir, tienen arrebatos emocionales o pánico cada vez que oyen los bombardeos. Necesitan apoyo psicosocial que no llega y se encuentran bajo una intensa presión mental cotidiana al igual que sus progenitores, afirma Naciones Unidas.

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El derecho internacional humanitario (DIH) tiene como fin limitar en la medida de lo posible el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado, el objetivo esencial es proteger fundamentalmente a quienes no participan en las hostilidades, particularmente cuando se trata de personas civiles, así como de combatientes enfermos, heridos o capturados.

Los principales instrumentos del DIH son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. Israel es parte de los convenios, pero no de los protocolos, en tanto que Hamás no es parte de ningún tratado internacional, pero ambos deben cumplir las normas del derecho consuetudinario en un conflicto bélico.

En función de la ocupación de la Franja de Gaza, la potencia ocupante debe respetar las normas de los derechos humanos en el territorio ocupado y en este caso particular debe cumplir, entre otros, lo estipulado en el IV Convenio de Ginebra de 1949, enfocado a la protección de las personas civiles y dispensarle un trato humano.

Sin pretender hacer un severo análisis sobre el tema por razones de espacio, es necesario subrayar que los ataques en un conflicto armado no deben dirigirse a la población civil, conforme al Convenio relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV). De acuerdo a la normativa se deberá respetar la integridad de los civiles y de sus familias, sus creencias y costumbres; la población civil deberá ser protegida ante cualquier acto de violencia, intimidación o insulto y ante alguna acción de coacción física o moral.

Ninguna persona podrá ser castigada por infracciones que no haya cometido y se prohíben los castigos colectivos; los pobladores deberán recibir asistencia médica y tendrán derecho a salir del territorio en condiciones de seguridad e higiene.

El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra Relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo adicional I), establece que la potencia ocupante deberá garantizar el suministro de alimentos y ropa a la población civil, así como facilitar la distribución de suministros y de personal de socorro.

A la vez, debe tenerse presente el Principio de distinción, el cual debe distinguir entre la población civil y sus bienes y los objetivos militares a efecto de garantizar su protección, así como el Principio de proporcionalidad, con el fin de evitar daños excesivos por ventajas militares y ataques a objetivos militares, como protección a los civiles y sus bienes de daños incidentales o colaterales.

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Si bien la presión internacional, particularmente de organismos internacionales y de derechos humanos, ha hecho hincapié en la desproporcionada y trágica situación en que se encuentran los niños y niñas en Gaza, la desmedida realidad parece inalterable.

Israel mantiene un estricto control sobre Gaza, que incluye el movimiento de personas y bienes, el registro poblacional, la infraestructura del territorio y de las aguas territoriales y el espacio aéreo.

En esta triste historia falta mucho por hacer y alcanzar.

Los organismos y agrupaciones internacionales no ceden en demandar un alto al fuego humanitario y duradero urgentemente; el acceso seguro de la ayuda humanitaria y la apertura de los pasos fronterizos; la importación segura de combustible y de todos aquellos materiales necesarios para el restablecimiento de infraestructuras; así como garantizar la circulación y seguridad de los trabajadores humanitarios y de las redes de comunicaciones para coordinar las respuestas a la crítica situación.

Especialistas subrayan que es indispensable detener el avance, solicitud cotidianamente ignorada, de las destrucciones de infraestructuras civiles, como escuelas, refugios y de instalaciones de electricidad, agua y atención sanitaria; prevenir el brote de enfermedades en la niñez y garantizar su atención; así como proporcionar el debido apoyo a niñas y niños que han perdido a sus progenitores y familiares.

Hamás y otros grupos requieren evitar los ataques deliberados contra civiles y la población infantil y el lanzamiento indiscriminado de cohetes; detener la toma de rehenes y liberar a los que tienen en su poder.

Diversas voces reclaman poner un alto al asedio impuesto a Gaza por Israel, los intentos para evacuar esa región y los bloqueos ilegales; evitar más daños a la población civil y sus bienes y poner fin a los ataques indiscriminados y desproporcionados…Sin embargo, todo parece lejano y todo parece indicar que prevalecerá la asolada historia de un derecho internacional humanitario ignorado y de una niñez sumida en una violencia devastadora. Organizaciones de derechos humanos consideran necesario investigar las hostilidades en Gaza de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes.

• Con datos de la Organización de las Naciones Unidas, Unisef y organismos internacionales de derechos humanos y humanitario.
• Agradezco los valiosos comentarios del Embajador Carlos Pujalte Piñeiro y del Ministro Jaime Martín Serrano.