This has been so from ancient times till now,
Then why should I complain?
Unflinchingly I still shall follow truth,
Nor care if I am slain.
Qu Yuan (343-278 A.C.)
Fragmento de Crossing the River
Introducción
Desde la primavera de 2013 cuando la Asamblea Popular Nacional eligió a Xi Jinping como Presidente y a Li Keqiang, como Premier, han sido recurrentes en los medios internacionales, además del deterioro ambiental y su letargo económico, casos graves de corrupción en China, así como sus efectos correctivos a los culpables. Metafóricamente, desde el inicio de su régimen Jinping habló de un combate frontal contra “ los tigres y a las moscas”, haciendo referencia a la lucha contra la corrupción que iniciaría entre los altos cargos del partido y las esferas medianas e inferiores, respectivamente.
La contienda contra un flagelo con singular variación y rumbo en todos los países del orbe, empero, no es algo reciente en China ya que desde el triunfo del Partido Comunista Chino (PCC) en 1949 se registraron las primeras medidas anticorrupción para poner fin al statu quo existente durante el predominio del Kuomitang. Posteriormente, en 1952, Mao Tse-Tung lanzó su campaña quíntuple contra el soborno, la evasión fiscal, el robo a las propiedades del Estado, el otorgamiento pre acordado de contratos estatales y la apropiación de información económica del Estado.
El prolegómeno del momento actual lo podemos ubicar a mediados de los años sesenta de la centuria pasada, cuando los ejecutores del capitalismo burocrático que caracteriza China en su época contemporánea, se dieron cuenta de los beneficios que tenía el desarrollar relaciones al interior del gobierno y utilizarlas para tener acceso, primero, a materias primas y posteriormente, con la liberalización de la economía desarrollada por Deng Xiaoping, a otros beneficios que les permitieron convertirse en empresarios. Con esta tendencia, desde la última década del siglo 20 los casos de corrupción entre funcionarios del gobierno chino fueron en crecimiento hasta obligar a los gobernantes en turno, así como al PCC, a diseñar estrategias a fin de combatir un flagelo que incluso trasciende el momento actual.
Como el flujo de información sobre la corrupción en China es vasto, resulta atrayente conocer los pormenores de casos en los que altos funcionarios, civiles y militares, han sido capturados e incluso condenados a la pena capital. No obstante, comprender plenamente el problema conlleva reconocer el cimiento moral o filosófico del sistema político chino, su estructura administrativa pública, así como la reforma o promulgación de leyes o códigos y la creación de instancias vinculadas con el seguimiento y la sanción de los actos que impiden lograr un servicio público ético y eficiente.
A estos factores se suma la influencia internacional, manifestada en los compromisos asumidos por China desde que optó por interrelacionarse con otros países y organizaciones multilaterales en diversos ámbitos. Sobresale su pertenencia al G-20, donde el tema cobra mayor importancia en cada evento; la APEC, donde se ha creado un grupo específico para analizar y sugerir acciones en materia de corrupción y transparencia, así como su adhesión a la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que suscribió en 2003 y ratificó 3 años más tarde; ello sin omitir su pertenencia como socio estratégico al interior del Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que conlleva el reconocimiento de lo establecido en la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales.
Lo que se asume con estos antecedentes es que las novedades en el combate contra la corrupción en el que está inmersa China desde hace varios años son mínimas y por ello los resultados más que cualitativos, han sido cuantitativos, sobre todo al considerar el número total de funcionarios que han sido llevados a la justicia y sancionados. La forma en que germinó y se ha desarrollado esta estrategia impide vislumbrar una salida que trascienda los casos de alto impacto hacia un statu quo donde la ética y la trasparencia en el ejercicio público sea una característica, más que un deseo.
1) Concatenación de valores y principios
Ética refiere un concepto filosófico acerca de lo recto, a lo que es conforme a la moral, o bien, como lo señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: al conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de vida. Es decir, no prescribe una norma específica, sino que atiende a diferentes de ellas para que se ajusten al bien y de esa manera privilegien el interés general, el de la comunidad.
En el ámbito de la administración pública, se considera un elemento sustantivo que está presente en todos los actos inherentes a ella. Por ello es posible hablar de “ética profesional” o “ética del quehacer público”, como la forma ideal de conducta de todos aquellos que prestan sus servicios en los diferentes órganos del Estado (García Martínez, 2011). Lo fundamental es reconocer que estas normas o valores en la administración pública son indispensables en la conducta del personal ya que ayuda a crecer y desarrollarse en armonía con la institución. En palabras de Bautista (2012), son “los centinelas de la política y la gestión pública, así como el pilar en cualquier esfuerzo por transformar el estilo de gestión en la administración pública”.
En la constante búsqueda del establecimiento de valores para la administración pública han predominado dos tendencias: 1) que cada país tiene sus propios valores, resultado de su historia, costumbres y cultura, y 2) que es posible identificar valores universales. Lo fundamental es que ambas tendencias no se contraponen y están en constante interacción. De ahí, que entre los valores de reconocimiento nacional e internacional sobresalgan: la lealtad a los principios constitucionales, la honestidad, el respeto, la defensa de los bienes y el patrimonio público, la responsabilidad, y el buen trato a los ciudadanos.
En el ámbito internacional, organizaciones y acuerdos internacionales, constatan la validez de varios de esos principios. Así, en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (2008) se destacan como los valores que orientan la gestión pública: la vocación de servicio público, la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del interés público sobre el privado. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado en diversos estudios y trabajos como valores que deben regir la conducta de los servidores públicos: imparcialidad, honestidad, responsabilidad, integridad, respeto, fiabilidad y lealtad.
Más allá de estos referentes, que tienden a ampliarse o a concatenarse cuando se consideran individual o conjuntamente, lo cierto es que los valores que se aplican dentro de la función pública contemporánea son resultado de la evolución y desarrollo de modelos diversos de gestión pública a gobernanza. Partiendo de ello es viable asumir que, dentro de la función pública contemporánea existe una mezcla de valores que impulsados y fortalecidos de manera adecuada pueden generar logros importantes hacia el buen gobierno en cualquier país.
Aunque los postulados mencionados aplican o son referentes en el ámbito público de China desde hace cierto tiempo, se debe reconocer que en los tres paradigmas universales de la administración pública –occidental, islámico y oriental – los valores asiáticos ocupan un lugar fundamental. De larga data, y mayoritariamente vinculados con los postulados de Confucio y los orígenes de los servicios civiles contemporáneos, la revaloración de estos principios la detonaron las manifestaciones en Tiananmen, a partir de las cuales los líderes chinos reivindicaron postulados originarios a fin de restaurar la credibilidad moral del partido. Un factor adicional fue el manido anuncio del fin de la historia y el triunfo de Occidente, que impulsó la idea de los “valores asiáticos” promulgada por Lee Kwan Yew, premier de Singapur entre 1958 y 1990, y otros líderes del este asiático.
Estos valores presentan una cultura comunitaria basada en el consenso, la supremacía de la comunidad sobre el individuo y las redes de solidaridad como bases sobre las que construir el régimen político y la justicia social. Sean Golden (2004:121) los define como un conjunto de valores compartidos por diferentes nacionalidades y etnias de Asia oriental: en que la comunidad prevalece sobre el individuo; el orden y la armonía sobre la libertad particular; se rechaza la separación de la religión de otros aspectos de la vida; énfasis especial en el ahorro y la moderación en los gastos; insistencia en la necesidad de trabajar bien; el respeto hacia el liderazgo político; una relación no adversaria entre el gobierno y el sector privado; énfasis en la lealtad hacia la familia.
Lo fundamental es reconocer que desde hace algún tiempo el desarrollo de los sistemas políticos de China y otros países asiáticos se hace de acuerdo con estos valores y con aquellos de origen occidental que han logrado adecuar a sus propias realidades interiores.
Así, en la búsqueda de un servicio público que garantice el bien común de los ciudadanos y lo haga de manera honrosa, desde hace algunos años el gobierno chino fomenta la ética entre sus miembros e instituciones y para ello ha establecido estrategias e instituciones para el fomento y vigilancia de la ética, además de normas jurídicas y un marco para regular la conducta de sus miembros a través de códigos de ética y transparencia.
2) Estado actual de la contienda y senderos pendientes de transitar
Durante la última reunión del G-20, China propuso adoptar Principios de Alto Nivel sobre Cooperación acerca de Personas buscadas por Corrupción y Recuperación de Activos, argumentando que era necesario para garantizar que las personas acusadas de corrupción fueran llevadas a la justicia. Esta petición se sumó a las acciones internas de combate a la corrupción que ha llevado a la práctica Xi Jinping desde su asunción como premier chino, estrategia que en el ámbito interno ha tenido sus secuelas en lo gubernamental y privado.
Hasta ahora son cientos los funcionarios públicos y empresarios que han recibido algún tipo de sanción y condena, y varios miles afrontan procesos de investigación en diversas instancias. Por su impacto la escena política, sobresalen los casos de militares y altos mandos del PCC. Es necesario destacar, no obstante, que en la mayoría de los casos se trata de personajes cuyo encumbramiento político y económico proviene de las administraciones de Jiang Zemin y Hu Jintao, fundamentalmente.
Una primera lectura del momento actual chino en esta materia proyectaría serias deficiencias en el trabajo general del PCC, no obstante otras causas pueden identificarse en fenómenos socioeconómicos de mayor envergadura y no solo en casos individuales aislados. En efecto, la formación, a partir de los años ochenta, de un estrato de ricos empresarios con gran influencia política en China explica en buena medida el origen de un problema con aristas desde la antigüedad, aunque con ingente impacto en la actualidad.
Hitos de esta tendencia los ubicamos en 1980, cuando se registró oficialmente la primera empresa privada, y en 1988, con el reconocimiento, por parte del gobierno chino, de la inevitable existencia de empresas privadas y de la economía individual y con la aprobación, el mismo año, de una enmienda constitucional en la que se añadió la existencia legal y el desarrollo de la economía privada en el país.(Zhou:2014) Con esta tendencia, a partir de 1992 el número de empresas privadas y personas en el sector privado ha tenido un crecimiento sostenido, motivando paralelamente cambios en los marcos jurídicos internos a fin de garantizarles seguridad y confianza.
El cambio de política fiscal y la nueva concepción de la administración pública fueron los factores fundamentales en el desarrollo y consolidación de este sector, que en 2012, de acuerdo al Chinese Luxury Consumer White Paper, incluía alrededor de 2.7 millones de personas con propiedades que rebasan los 6 millones de yenes (alrededor de 1 millón de dólares).
En el tema tributario, la piedra de toque se ubica en 1994, cuando se estableció el régimen de separación o descentralización fiscal y el sistema tributario, con lo cual los gobiernos locales comenzaron a colaborar estrechamente con las empresas de su jurisdicción a fin de obtener ingresos fiscales y mejorar sus logros políticos. Esta tendencia permitió a ciertos servidores públicos (expertos en algún área, gerentes de fábricas estatales o colectivas, principalmente, que eran cuadros estatales, funcionarios o cuadros gubernamentales) abandonar sus cargos y crear también sus propias empresas. Con el paso del tiempo lo que ha emergido es un nuevo estrato con influencia interna notable y con presencia en redes sociales, económicas y familiares, que definitivamente han trastocado las normas de convivencia en diversos ámbitos.
Desde hace algún tiempo, su presencia es visible en la membresía del PCC (38% del total); en la integración de la Asamblea Popular y la Conferencia Consultiva Política (en el primer caso representando en 2008 el 21.6% y en el segundo, el 29.7%); en la conformación de diversas asociaciones de comercio y de industria de China. (Zhou:2014)
Si bien su presencia ha estimulado la actividad económica en ciertos ámbitos, el hecho de que algunos utilicen sus relaciones con funcionarios locales para conseguir beneficios, acceder a información privilegiada del gobierno, obtener créditos preferenciales con el aval de gobiernos en diversos niveles, así como negociar beneficios fiscales con gobiernos locales, permiten constatar la existencia de prácticas no transparentes y de colusión con representantes de gobierno, lo cual ha servido de acicate al problema de la corrupción que actualmente afronta Xi Jinping.
En este contexto, si bien la campaña anticorrupción que desarrolla desde el inicio de su administración ha motivado miles de arrestos de funcionarios de distintos niveles de gobierno, continúa siendo altamente visible en los círculos de negocios. Algunas compañías chinas continúan recurriendo a sobornos, ejercen influencia política o condicionan el pago de sus tributaciones al adquirir servicios públicos o cuando afrontan alguna situación con el sistema judicial.
China cuenta desde hace varios años con un amplio marco legal, tanto en el sector público, como en el privado, a fin de sancionar prácticas corruptas como el otorgamiento de pagos condicionados, el lavado de dinero, el cohecho activo y pasivo, así como la recepción de presentes. De esta manera, la llamada Criminal Law, considera al cohecho un crimen y comprende un desglose de ofensas relacionadas; la People´s Republic of China Against Unfair Competition Law se enfoca en el cohecho comercial vinculado con la venta de materias primas y servicios de lucro; en ambos casos, las penas abarcan distintos niveles, incluso la pena capital. Otras leyes relevantes incluyen la Anti-Money Laundering Law of the People´s Republic of China y la Anti-Money Laundering Regulations Concerning Financial Institutions.
Por su parte, como muestra de su guerra contra la corrupción, el PCC ha comprometido a miles de sus miembros en esta cruzada y muchos otros los ha llevado a prisión. A pesar de ello, Wang Qishan, líder de la Comisión Central para la Disciplina y la Inspección, oficina encargada de afrontar la corrupción, reconoce que el partido afronta diversos desafíos para cambiar la conducta de muchos de sus miembros. A este aspecto de carácter ético y moral entre los burócratas chinos se suman aspectos cuya atención es inaplazable: la necesaria independencia del poder judicial (algo que el PCC no reconoce), la precisión respecto a lo que se considera acto de corrupción (viendo el perfil de los acusados, en algunos casos luce como persecución política), así como la necesaria transparencia en los procedimientos para perseguir y castigar las imperfecciones (juicios o declaraciones al margen de lo público, centros de interrogación al margen de la ley, obtención de confesiones poco claras).
Un aspecto adicional que amerita atención y seguimiento son las detenciones de activistas que denuncian actos de corrupción, lo que evidencia la necesidad de una nueva ley que proteja las evidencias y declaraciones hechas por ciudadanos, periodistas o redes sociales. A ello se suma la existencia de un doble estándar en el sistema judicial: los miembros del partido están sujetos a las leyes del partido comunista, mientras que los empresarios al código penal. Todo lo cual deja en claro que en la política anticorrupción siguen también pendientes tanto la creación de un ente autónomo, que otorgaría consistencia a la estrategia en curso, como el acceso efectivo a la información gubernamental (aplicación de la Government Information Act), y la obligación de que todos los servidores públicos realicen su declaración de activos, ya que ahora solo ocurre a nivel municipal.
El ámbito foráneo representa también una arena en la cual China busca reconocimiento, lo mismo que respaldo, a sus acciones contra la corrupción. Si bien ha ratificado la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sigue pendiente su reforma al código penal para armonizarlo con este instrumento jurídico vinculante. Particular énfasis recae en la definición de servidores públicos, sobre todo ahora que la economía de mercado y las empresas privadas son una realidad. Tampoco ha firmado la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Por otra parte, siendo parte de la APEC, por consiguiente del Grupo de Expertos Anticorrupción y de Transparencia (Anti-corruption And Transparency Experts Working Group) sus acciones y reportes están circunscritas a la percepción del PCC respecto a la corrupción.
En el escrutinio que en la materia realizan organizaciones internacionales no gubernamentales tampoco ha salido bien librada. Actualmente, con un puntaje de 37/100, ocupa el lugar 83 (de 168) dentro del Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional. En este mismo ámbito, en el reporte Transparency in Corporate Reporting: Assesing the world´s largest companies, que evalúa la transparencia en 124 corporaciones internacionales, basándose en sus programas anticorrupción, en su red de filiales y subsidiarias, así como en la disposición de información financiera en los países donde operan, las 8 empresas chinas incluidas ocupan los últimos lugares.
Otros aspectos finales a tomar en consideración serían: 1) la corrupción e influencia política que permea en el sistema judicial chino. Claro ejemplo de esta situación fue la destitución del juez Xi Xiaoming de la Suprema Corte y su expulsión del partido después de acusarlo de varios hechos de corrupción. 2) la falta de transparencia en la colaboración que China desarrolla con diversos países para extender su campaña anticorrupción en el exterior con la idea de repatriar y llevar a la justicia a fugitivos chinos acusados de delitos de corrupción. Uno de los casos más connotados ocurrió con la Operación Fox Hunt, que incluyó operaciones encubiertas en EU y otros países. 3) las limitaciones a la aplicación de la justicia. Actualmente hay diversas agencias que pueden iniciar alguna investigación de corrupción, pero solo la Fiscalía del Pueblo (People´s Procuratorate) puede iniciar un juicio; por su parte, el sector privado sólo es investigado por las Oficinas de Seguridad Pública (Public Security Bureaus) y la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (State Administration for Industry and Commerce).
FUENTES-.
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García Martínez Enrique. (2011) Etica y Administración Pública. Hacia la revaloración de los principios en el servicio público en México. Revista electrónica Encrucijada, del Centro de Estudios en Administración Pública. UNAM, número 9, 1-13.http://ciid.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP
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Robaina, García José Luis (2016). Lucha contra la corrupción en China. Centro de Investigación de Política Internacional. La Habana, Cuba. 19-01-2016. Observatorio de la Política China.
http://www.politica-china.org/imxd/noticias/doc/1453133754Lucha_contra_la_corrupcion.pdf
[1] Poeta chino que, durante el período del Emperador Huai, desempeñó cargos públicos en la antigua China y, posteriormente, decepcionado por la derrota militar de su pueblo natal (Ying), la miseria moral predominante entre la sociedad y la corrupción de la época decidió suicidarse como un acto de protesta en el rio Miluo.
[2] PetroChina, con un índice de 2.7, ocupa el lugar 104; Industrial and Commercial Bank of China, con 2.2 puntos, el lugar 112; China Shenhua Energy Company, con 2.0, el lugar 114; CNOOC Limited, con 1.9 puntos, el lugar 116; China Construction Bank, con 1.8, el lugar 117; Agricultural Bank of China, con 1.4, el lugar 120; Bank of Comunications, con 1.3, el lugar 122, y Bank of China, con 1.0, el último lugar de la lista (124).
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_worlds_largest_companies_2014
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