Aunque obvio, es bueno destacar que desde hace algún tiempo el mundo está inmerso en la era digital, fundamentalmente porque muchas actividades humanas son realizadas a través de computadoras y la disponibilidad de información es creciente gracias a la tecnología. A la par de esta realidad, y como consecuencia de ella, la cooperación –nacional e internacional- entre gobiernos, industria, comunidades científico-tecnológicas y sociedad civil crece y se diversifica, generando una agenda nutrida de temas en ámbitos como el comercio, las finanzas, las comunicaciones, la seguridad y el funcionamiento de los gobiernos.
En el ámbito gubernamental esta tendencia ha motivado estrategias internas enfocadas a modernizar las funciones propias del Estado, con la aplicación de herramientas de tecnología e informática. Adicionalmente, la colaboración internacional es creciente, tanto de forma bilateral como multilateral. La terminología con la cual se enmarca esta nueva realidad comprende dos aspectos fundamentales: 1) datos abiertos de gobierno (ODG, pos sus siglas en inglés), que conlleva disponibilidad, accesibilidad y reutilización; 2) gobierno digital, que en sentido lato refiere la modernización de los procedimientos utilizados en la generación de bienes y servicios públicos.
Estas dos tendencias –datos abiertos gubernamentales y gobierno digital- son de gran trascendencia ya que contribuyen a que los ciudadanos confíen en la modernización gubernamental, constatando que sus necesidades primordiales son atendidas eficaz y eficientemente; brindan certeza ante los embates de la transformación digital de las economías, y garantizan a los actores económicos nacionales nuevas formas de innovación debido a facilidad para acceder a datos e información oportunos y confiables.
Si bien las dos expresiones son parte de lo digital en el espectro del ejercicio público, este texto se enfoca en los OGP, dejando para una próxima colaboración un análisis específico sobre la aplicación de herramientas digitales en el ejercicio de gobierno, tema con aristas y tendencias específicas.
Algunos de los aspectos fundamentales a tener en consideración cuando hablamos de los ODG son:
- Los datos generados por los gobiernos son un elemento fundamental de la transparencia pública.
- Este acervo puede ayudar a la ciudadanía a tener un mejor entendimiento de lo que hace el gobierno y de la forma en que lo hace, así como identificar irregularidades o resultados no alcanzados.
- Al reutilizar estos datos, los gobiernos mejoran su desempeño y vigorizan su toma de decisiones.
- Una mayor disponibilidad de datos y un mayor acceso, además de estimular la participación ciudadana, genera innovación o bienes y servicios con mayor valor agregado, lo cual estimula el desarrollo económico.
- La comunicación entre actores es fundamental: de ciudadanos a gobiernos, enriquece la información proporcionada; entre actores gubernamentales, conlleva un fortalecimiento de los datos proporcionados, así como un mayor compromiso respecto a ciudadanos, sector privado y organizaciones civiles.
Adicionalmente, conviene recordar que fue a partir de la década pasada cuando comenzó a configurarse la connotación actual del término OGD, que considera la información del sector público como cualquier dato producido o comisionado por toda entidad pública, y los datos abiertos como aquellos que pueden ser usados reutilizados y distribuidos sin restricciones, sólo reconociendo su fuente y, de ser posible, garantizando que el resultado de su uso también pueda ser compartido.
En años recientes dos tendencias han caracterizado la aplicación de este término. En primer lugar el reconocimiento de principios inherentes a la información gubernamental: completa, primaria, oportuna, accesible, procesable por máquina, no discriminatoria, no propietaria, sin licencia de uso. En segundo, un cambio en la visión de los servidores públicos, quienes dejaron de considerar como objetivo prioritario el binomio trasparencia y responsabilidad pública para establecer una agenda más amplia sustentada en la innovación, la eficiencia y la flexibilidad del gobierno.
Este ensanchamiento conceptual y su correlato en aplicaciones y prácticas han recibido un interés creciente al interior de los foros multilaterales. Así tanto la Organización de las Naciones Unidas (División para las Instituciones Públicas y el Gobierno Digital), como la Organización de Estados Americanos (Departamento para la Gestión Pública Efectiva), o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (División para la Reforma del Sector Público) analizan y presentan estudios periódicos sobre los ODG desde hace ya cierto tiempo.
En este conglomerado de entidades multilaterales destaca la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa internacional de asociación voluntaria establecida formalmente en septiembre de 2011 a través de la Declaración de Gobierno Abierto. Sus países fundadores son México, Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, los cuales establecieron como objetivo fundamental la formulación de estrategias y planes nacionales de acción en este ámbito.
Ante las crecientes exigencias de la ciudadanía para participar en los asuntos públicos y contar con gobiernos “más transparentes, sensibles, responsables y eficaces,” esta alianza se encaminó a “promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable”. Desde su creación sus compromisos incluyen: a) aumentar la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales; b) apoyar la participación ciudadana.; c) aplicar los más altos estándares de integridad profesional y, d) incrementar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.
A la fecha, la Alianza para el Gobierno Abierto tiene una membresía de 79 países y 20 gobiernos subnacionales que han asumido más de 3 mil compromisos para lograr que sus gobiernos sean más abiertos y responsables. A estos actores se suman cientos de organizaciones de la sociedad civil.
De sus acciones, la llamada Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto es el encuentro más relevante que aborda el desarrollo, los avances y los desafíos de los integrantes de esta iniciativa multilateral, apoyándose en la convocatoria a toda la comunidad involucrada en el tema de Gobierno Abierto para intercambiar experiencias y mejores prácticas, incluidos los representantes de los gobiernos, los parlamentarios, la academia, la sociedad civil, el sector privado, las empresas y las organizaciones multilaterales. Hasta la fecha, se han realizado seis Cumbres Globales: Brasil, Reino Unido, México, Francia, Georgia y Canadá.
Además de ser uno de sus fundadores, México presidió la AGA entre 2014 a 2015, siendo sede de la tercera edición de esta Cumbre y promovió los principios de Gobierno Abierto como habilitadores para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Un resultado notable de estos esfuerzos fue la adopción de la Declaración sobre Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El compromiso de México con la AGA fue refrendado en diciembre pasado, cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó su 4to Plan de Acción 2019-2021 ante este ente multilateral. Se trata de un compromiso implícito en la membresía de la alianza que conlleva desarrollar compromisos específicos a partir de puntos de consenso con la sociedad civil, todo en apego a los principios de Gobierno Abierto (transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación ciudadana, fundamentalmente).
La elaboración de este plan estuvo a cargo del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, que conforman la SFP, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil. De los13 compromisos incluidos en el plan, destaca el fortalecimiento del control democrático a la intervención de comunicaciones privadas, tema que en 2017 motivó un distanciamiento con la AGA debido a un caso de vigilancia ilegal realizado por el Estado mexicano a través del sistema Pegasus, del cual fueron víctimas de espionaje gubernamental periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
En concordancia con los compromisos asumidos en este ámbito, México también ha aceptado el escrutinio de la OCDE a través de dos estudios en la materia: Open Government Data Review of Mexico (2016), que propuso un conjunto de recomendaciones estratégicas para avanzar en la implementación de su política de datos abiertos y Open Government Data: Towards the empirical analysis of open data initiatives (2018), que evaluó la implementación de las recomendaciones provistas en la revisión de 2016 y sugirió una nueva hoja de ruta para consolidar los avances logrados.
También ha participado de manera regular en la Encuesta de la OCDE sobre Datos Abiertos Gubernamentales (OECD Open Government Data Survey), así como en las reuniones del Grupo de Expertos sobre Datos Abiertos (OECD Expert Group Meeting on Open Government Data). Igualmente ha hecho contribuciones para el Compendio de mejores prácticas en el uso de Datos Abiertos Anticorrupción del G20 (OECD/G20 Compendium on the use of open data for anti-corruption) y ha participado en las evaluaciones de pares (peer reviews) en los estudios de la OCDE sobre gobierno digital para Suecia y Argentina.
Su decidida participación en estos temas, no muy divulgada en nuestro país, así como su apertura al escrutinio internacional y su disposición a brindar datos e información, permite tener una visión precisa de los avances logrados en este ámbito recientemente. Así en el más reciente informe de la OCDE sobre Gobierno Abierto (OUR data index. Open-Useful-Reusable Data Index 2019) México está posicionado en séptimo lugar (con un puntaje de 0.71, de 1 como nivel máximo), superando a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o incluso el promedio de los miembros OCDE. La panorámica de esta tendencia se observa en el siguiente gráfico:
A partir de lo anterior, es evidente que desde 2013, cuando se diseñó la primera estrategia digital nacional, el Gobierno Mexicano ha reconocido que los datos abiertos son fundamentales en toda política pública y los ha integrado como una herramienta estratégica para alcanzar sus objetivos nacionales de desarrollo. El siguiente paso será trascender el ciclo disponibilidad-acceso-reutilización de los datos hacia el establecimiento de una estrategia que, sustentada en todos los actores involucrados, motive la innovación, la eficiencia y el fortalecimiento del ejercicio público.
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