Desde hace algún tiempo se habla mucho de las tecnologías emergentes, sobre todo de su efecto en ámbitos como la salud, el trabajo, la educación, así como de las repercusiones que conllevará su uso en la convivencia humana. Estas innovaciones tecnológicas con potencial para transformar parcial o totalmente los sectores económicos o industriales de un país incluyen la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, la ciencia cognitiva, la robótica, el Blockchain y la inteligencia artificial.
De ese conglomerado de expresiones, la inteligencia artificial (IA) y el Blockchain (BC) son utilizados desde hace algunos años por gobiernos y organizaciones del sector público a fin de mejorar los servicios públicos y generar un nuevo valor al ámbito público. En la mayoría de los casos vigentes, se asume que ambas herramientas tecnológicas tienen potencial para impulsar un sector público más ágil, eficiente, confiable y de fácil acceso para los ciudadanos.
En el caso de la IA -entendida grosso modo como “un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el hombre, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales” (OCDE, 2019)- se ha comprobado que cuando se utiliza en el sector público genera servicios personalizados con una mejor vinculación entre las instituciones públicas y los ciudadanos; mejora la eficiencia operacional y la calidad de los procesos administrativos a través de un incremento de la automatización de tareas físicas o digitales, y permite mayores capacidades predictivas para mejorar la toma de decisiones y las decisiones políticas con el uso de algoritmos diseñados para proyectar tendencias o modelos con grandes volúmenes de datos.
Por su parte, el BC -entendido como una forma de tecnología de contabilidad distribuida que actúa como un registro abierto y confiable (es decir, una lista) de transacciones de una parte a otra que no está almacenada por alguna autoridad central (cada usuario almacena una copia y está conectado a un nodo recibiendo y enviando actualizaciones que se propagan a través de la red en segundos o minutos) – proporciona beneficios importantes en el ejercicio público, entre otros la transparencia, la fiscalización y la seguridad, ello como resultado de una mayor integridad e inmutabilidad de los datos entre los actores gubernamentales. Otro resultado visible de su aplicación se observa en un incremento en la eficiencia de las operaciones, lo cual es resultado de una reducción en el tiempo de procesamiento, así como en los costos gracias a la automatización de contratos.
Para asegurar el fomento e impulso del uso de la IA y el BC se observan en el mundo acciones en distintos frentes. La primera, de mayor trascendencia en el conjunto, es el fortalecimiento de la capacidad de investigación nacional a fin de lograr que el progreso tecnológico se traduzca en aplicaciones para conseguir un mayor valor agregado en el sector público. En ese sentido, los gobiernos han actuado como convocantes a través de estrategias amplias que evidencian un compromiso político de alto nivel en este ámbito. Igualmente, en varios se observa financiación –directa o indirecta- la investigación, el desarrollo y la adopción de estas tecnologías. Por otra parte, al ser usuarios directos y codesarrolladores, los gobiernos han influido a través de innovadoras prácticas de contratación, fomentando asociaciones privadas y públicas u otras formas de colaboración que se ajusten a necesidades específicas. Finalmente, ante la diversidad de retos generados por la transformación digital, su papel como entes reguladoresse ha reflejado en la reasignación de marcos de políticas, diseños integrales (holísticos) para asegurar coherencia política y la cooperación regulatoria internacional.
Estudios elaborados por organismos multilaterales confirman que -no obstante las diferencias en su profundidad y alcance- la mayoría de los gobiernos en el mundo están aplicando tecnologías emergentes para mejorar las necesidades de los usuarios de servicios públicos y para administrar el uso coherente de sus recursos destinados a maximizar el valor de lo público. Estos proyectos se centran mayoritariamente en aplicaciones de IA, aunque recientemente las de BC tienden a incrementarse. Ambas atienden cuatro áreas fundamentales: la mejora en la calidad de los servicios de bienestar, el incremento de la eficiencia operacional y la seguridad, la preservación del medio ambiente, el capital natural y la resiliencia climática, y la toma de decisiones políticas basadas en datos para una mejor gobernanza.
La IA tiende a centrarse en proyectos donde las interacciones hombre-máquina pueden proporcionar mejores experiencias de usuario y/o liberar recursos para tareas de mayor valor agregado (salud, transportación, seguridad). Por su parte, el BC en el sector público se ha aplicado en aspectos como la identidad digital y certificados, la autenticación de registros personales, los beneficios o derechos de bienestar, los títulos de propiedad, el registro de activos y las operaciones intragubernamentales.
A pesar de los avances, algunos gobiernos enfrentan desafíos sobre cómo incorporar estas tecnologías emergentes con propósitos públicos. Entre los más visibles destacan: los aspectos técnicos y prácticos (disponibilidad de datos de calidad y carencia de estándares comunes); las limitaciones de recursos y capacidad (inversión y financiación inadecuadas, escasa alfabetización digital y escasez de habilidades en el sector público), y las barreras institucionales, legales y culturales (notablemente lagunas regulatorias e insuficiente aceptación política e institucional).
Ante esta realidad, y tomando como fundamento lo avanzado, es viable la concepción de un nuevo paradigma a fin de adoptar enfoques sistemáticos en todo el sector público que permitan suplir la transformación digital. Para ello, son primordiales una visión estratégica y un compromiso de liderazgo, marcos organizativos y de gobiernos adecuados; así como nuevos métodos de trabajo y capacidades para respaldar el diseño, la implementación y la entrega ágiles y eficientes de políticas y servicios públicos.
En este cambio de perspectiva, cobran importancia aspectos ya referidos con anterioridad por actores con trayectoria en estos ámbitos. Del conjunto destacan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Recomendación sobre Estrategias de Gobierno Digital, 2014; Recomendación sobre Inteligencia Artificial, 2019); la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (United Nations E-Government Survey; United Nations Public Service Forum) o los documentos de trabajo y reportes elaborados por instituciones como el Basel Institute of Govenance; McKinsey e IBM. Todo ello a fin de que los países inmersos en el uso de las tecnologías emergentes en sus ámbitos públicos fortalezcan su agenda general de transformación digital.
En México la modernización del sector público a través de la aplicación de la IA y el BC es de data reciente. La Estrategia Digital Nacional desarrollada entre 2013 y 2018 incluyó acciones en ámbitos específicos (gobierno, economía, educación, salud y seguridad) y su trabajo estuvo a cargo de una coordinación al interior de la Oficina de la Presidencia. Esta estrategia fue complementada con la suscripción de diversos mecanismos internacionales y con la adhesión a mecanismos existentes en ámbitos específicos.
Aunque no se detallaron programas o acciones concretas para la IA y el BC, al interior de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico se reiteró el compromiso para aprovechar los beneficios de las tecnologías emergentes. Adicionalmente, se preparó un libro blanco titulado «Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechar la revolución de la IA» y se desarrolló la iniciativa Blockchain HACKMX, enfocada en promover la innovación digital del gobierno utilizando tecnologías emergentes a fin de mejorar la prestación de servicios públicos.
Actualmente se cuenta con un Coordinador de Estrategia Digital al interior de la Oficina de la Presidencia de la República. Estos temas también son analizados desde la Secretaría de la Función Pública, que entre otras tareas coordina la comisión intersecretarial antes mencionada. Hasta ahora se han habilitado varios sitios de consulta ciudadana, además de un amplio portal de transparencia. Al mismo tiempo existe una expectativa de mejora en el gobierno electrónico y el gobierno digital que tiene como modelo a seguir los logros conseguidos por otros países y organismos internacionales (Chile, Francia, Reino Unido e Irlanda, oficina de Enlace en México de la ONUDC, Alianza Internacional por el Gobierno Abierto).
Casos actuales que exhiben resultados positivos de la aplicación de la IA y el BC en el sector público destacan la puesta en marcha de una Plataforma Digital Nacional; el uso de contratos inteligentes en algunas compras públicas; la expedición de actas de nacimiento autenticadas digitalmente, igual que títulos y cédulas de estudio, y el registro digital de tierras locales en algunos municipios.
- El autor es Consejero del Servicio Exterior Mexicano, actualmente adscrito a la Misión Permanente de México ante la OCDE, encargado de los Asuntos de Ciencia &Tecnología.
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