For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.
Winston Churchill
De las consecuencias que dejaron la crisis financiera de 2008-2009 y la crisis sanitaria actual sobresale la necesidad de una nueva política fiscal internacional. Con la primera, resultó evidente la necesidad de nuevos mecanismos tributarios que evitaran la evasión y la elusión fiscal internacional. Por otra parte, con la pandemia se ha incrementado la necesidad de recursos públicos para garantizar la inversión en infraestructura y en otros sectores estratégicos durante el período de recuperación económica, buscando generarlos sin recurrir a más deuda pública.
Ambas situaciones generaron resultados sustantivos. Recientemente se anunció la suscripción de una declaración entre 130 países y jurisdicciones que comprende la creación de un nuevo modelo fiscal de aplicación para las grandes empresas multinacionales (GEM), incluidas las digitales; adicionalmente, las iniciativas para incrementar los impuestos en las personas con mayor riqueza se consolidan como una herramienta estratégica para incrementar la recaudación nacional.
En el caso de las grandes empresas, el tema emergió en la OCDE, donde después de varios años de debate y de colaboración con el G-20, se anunció la aprobación de un marco para lograr una reforma fiscal internacional, cuyo plan de implementación se establecerá a más tardar en octubre próximo. Con esta decisión concluye un complejo proceso de negociación sobre lo que es mejor conocido como BEPS (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting), que refiere el Marco inclusivo sobre erosión de la base y transferencia de beneficios, el cual incluye dos pilares para garantizar que tanto las GEM paguen impuestos en el sitio donde operan y obtienen beneficios, como que los países que hospedan a estos actores económicos apliquen tasas de tributación similares a fin de lograr un equilibrio en la competencia fiscal internacional
Así, a través del primer pilar del nuevo marco se reasignarán algunos derechos tributarios sobre las GEM trasladándolos de sus países de origen a los países de mercado en los que desempeñan sus actividades comerciales y obtienen beneficios, sin importar si tienen o no una presencia física en ellos. Por su parte, por medio del segundo pilar se establecerá una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha de tasa mínima a nivel mundial que los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas.
En términos de montos posibles de recaudación, para el primer caso se estima que cada año los derechos tributarios sobre más de 100 mil millones de dólares de beneficios se reasignarán a las jurisdicciones de mercado. Respecto al segundo caso, como lo acordado refiere un impuesto mínimo mundial —con una tasa de por lo menos 15%— se calcula que su aplicación aportará cada año cerca de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales adicionales a nivel mundial.
A pesar de las bondades de este nuevo marco fiscal, es de destacar la postura asumida por algunas empresas, sobre todo las denominadas GAFA (Google, Apple, Facebook, y Amazon) que, ante las críticas recibidas por los países europeos de no retribuir fiscalmente sus beneficios económicos, plantearon su visión en distintos ámbitos (Legislativo, comisiones especiales, encuentros bilaterales) sobre el curso que debería tomar el esquema final. Respecto a los países, Irlanda y Luxemburgo destacan como los principales opositores a este esquema ya que sus niveles de tributación y de inversión foránea se verán reducidos. Como ejemplo de esta repercusión destaca que para Irlanda utilizar una tasa favorable de imposición -de 12.5% por ciento, pero flexible al recurrir a variantes de excepción y de devolución- representa alrededor del 20% en el total fiscal recaudado por su cuenta pública y un incremento constante de sus inversiones foráneas, que entre 2006 y 2016 pasaron de 184 a 800 mil millones de euros, convirtiéndola en uno de los principales receptores de Europa. En ese sentido, se prevé un período final de adecuación en el cual tanto empresas, como países que se opusieron al nuevo marco se posicionen al respecto.
Respecto a la aplicación de un impuesto dirigido a quienes más tienen o generan más riqueza, aunque es un tema de vieja data (varios autores refieren cargos similares en Grecia y Roma) la tendencia a gravar el patrimonio de quienes más tienen va a la par del presente siglo y actualmente se aplica en diversos países con formatos y tabulaciones singulares: Argentina, Colombia, Francia, Noruega, Suiza, Países Bajos, Italia y Bélgica, entre ellos. Aunque se denomina de diversas maneras (impuesto sobre bienes personales, wealth tax, solidarity tax, impuesto al patrimonio, wealth yield tax) lo fundamental es que se trata de un impuesto sobre las tenencias de activos de una entidad o persona. Esto incluye el valor total de los activos personales, incluido el efectivo, los depósitos bancarios, los bienes raíces, los activos en planes de seguros y pensiones, la propiedad de empresas no constituidas en sociedad, los valores financieros y los fideicomisos personales.
En este contexto, el presidente Joe Biden anunció en abril pasado el American Families Plan, -que además de apartados sobre inversión en programas para la infancia, la educación y las familias, ajustes en los gravámenes en salud y acciones para aminorar la pobreza y fortalecer a la clase media-, incluye una reforma fiscal encaminada a fortalecer la aplicación de la ley para que los ricos paguen lo que deben.
Para justificar esta acción, el mandatario estadounidense destacó que persisten categorías opacas donde las tasas de declaración incorrecta pueden alcanzar el 55 por ciento; que el 1% con los mayores ingresos no informó el 20 por ciento de sus percepciones y no pagó los impuestos que debía, y que el IRS (Internal Revenue Service) no dispone de recursos para investigar esta evasión y por ello las tasas de auditoría de quienes ganan más de $ 1 millón por año cayeron en un 80 por ciento entre 2011-2018.
Ante tal situación anunció un aumento a la tasa impositiva máxima para los estadounidenses más ricos de 37% a 39,6 por ciento y el fin de las exenciones del impuesto sobre la renta del capital y otras lagunas fiscales que permiten la elusión de impuestos y la continuación de esos beneficios entre generaciones. Se espera que con estas acciones, enfocadas en grandes corporaciones, negocios, propiedades y en individuos de mayores ingresos, se logre recaudar $ 700 mil millones en 10 años.
Vistos en conjunto, tanto el nuevo modelo fiscal para GEM como el anuncio del presidente estadounidense fortalecerán la base tributaria de los países y por ende, su aportación al Producto Interno Bruto. Es de esperarse que, con ambas medidas, los países con crecimiento medio incrementen a mediano plazo la participación de su recaudación fiscal en la conformación de su PIB (hasta 2019 el promedio para los países de la OCDE era de 33.8%, mientras que países como Chile y México no alcanzaba 20%).
Sin duda ambas decisiones representan un reconocimiento al necesario fortalecimiento de las estructuras fiscales internacionales, siempre respetando las jurisdicciones de cada país, a fin de recaudar los ingresos fiscales indispensables para sanear sus presupuestos y sus balances, y al mismo tiempo invertir en servicios públicos esenciales, en infraestructura y en estrategias que contribuyan a afrontar la recuperación posterior a la pandemia. Desde una perspectiva diferente, también hacen pensar en el llamado Occupy Movement, expresión social que emergió después de la crisis financiera en varios países con diversas demandas, entre ellas nuevos esquemas para contener los modos de operar de las grandes corporaciones para evitar que generaran inestabilidad económica-social. A más de una década de esas movilizaciones, resulta válido pensar que las exigencias de cambio al inicio parecen imposibles, después improbables, pero eventualmente resultan inevitables.
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