Las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales han motivado en las últimas décadas flujos crecientes de migración de los países de Centroamérica hacia Estados Unidos, transitando por México. Mejorar sus condiciones de vida; dejar situaciones que ponen en riesgo sus libertades individuales, y encontrar espacios geográficos mejor guarecidos ante los desastres naturales, son los móviles de los flujos humanos provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Para afrontar las variantes de este fenómeno, así como las condiciones socioeconómicas del sureste de México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró el “Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México”, cuyo objetivo principal es abordar las causas estructurales de la migración desde los países del norte de Centroamérica y el sur-sureste de México hacia el norte, tomando en consideración factores como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el impacto de los desastres naturales.
Este plan, coordinado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, fue presentado previamente a la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, Ciudad de México, septiembre 16-18, 2021) y no recibió la atención que amerita. Es una estrategia que reconoce esfuerzos previos realizados en la misma dirección del desarrollo económico regional -Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el Plan Puebla-Panamá, Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica- e incluye la visión de los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas con alguna vinculación en la región centroamericana. Lo fundamental es que reconoce el trabajo de un actor fundamental en la región, el Sistema para la Integración Centroamericana (SICA), así como, los comentarios y las contribuciones de las autoridades nacionales de El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
El desarrollo de este plan va a la par del gobierno de Manuel López Obrador ya que, en 2018, durante su toma de posesión como de presidente de México suscribió con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras una declaración que establecía una nueva relación sustentada en un plan de desarrollo integral y solicitaron apoyo técnico a la CEPAL para su elaboración.
La propuesta de la Comisión se presentó en mayo de 2019 e incluyó lineamientos de acción en los niveles locales, nacionales y regionales. Está centrada en tres componentes fundamentales: análisis de la situación económica, social y ambiental; identificación de áreas de oportunidad, y formulación de recomendaciones de política.
Estas últimas están articuladas en cuatro pilares:
- Desarrollo Económico;
- Bienestar Social;
- Sostenibilidad Ambiental, Cambio Climático, Reducción del Riesgo de Desastres, y
- Gestión Integral del Ciclo Migratorio.
Adicionalmente, en septiembre de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas estableció un mecanismo de coordinación especial, presidido por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, para facilitar el apoyo eficaz e integrado de los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a los Gobiernos de los cuatro países.
Una concordancia con esta estratagema de cooperación regional ocurrió en México con la suscripción, en agosto de 2019, del “Pacto Oaxaca: Hacia un Sur-Sureste del Futuro”, en el cual los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán se comprometieron a trabajar coordinadamente para generar crecimiento económico y mitigar la pobreza. Como este programa contempla, entre otras acciones, la construcción y rehabilitación de proyectos de infraestructura ferroviaria, conectividad vial, portuaria y energética, está alineado con el plan de la CEPAL, que contempla acciones focalizadas en esas nueve entidades.
Todos estos referentes permiten constatar que el plan de desarrollo integral planteado por la CEPAL para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México es, sin duda, el más ambicioso en época reciente por sus propuestas de infraestructura, impacto social y previsión ante desastres, pero principalmente por su enfoque sobre el ciclo migratorio, que se puede considerar una contribución de esta subregión para dar cumplimiento al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
El plan incluye 29 recomendaciones políticas elaboradas desde una perspectiva histórica y estructural del desarrollo de la región, las cuales toman en consideración la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los instrumentos internacionales sobre temas como la migración, los refugiados y el cambio climático. En conjunto, representan un marco desde el cual los países podrán incorporar sus propias prioridades y secuencias de implementación, tomando en consideración los acuerdos subregionales, trilaterales o bilaterales de los que forman parte y sus prioridades nacionales definidas por las instituciones de planificación de cada país.
En términos prácticos, el plan se compone de 15 programas y 114 propuestas de proyectos específicos agrupados en los cuatro pilares mencionados y distribuidos de la siguiente manera:
- Impulsando el desarrollo económico: 5 programas y 49 propuestas
- Avanzando hacia el bienestar social: 5 programas y 27 propuestas
- Respuesta al cambio climático: 3 programas y 16 propuestas
- Gestión Integral del ciclo migratorio: 2 programas y 22 propuestas
De acuerdo con el plan, los recursos necesarios para realizar todas estas acciones durante los próximos 5 años alcanzan 45 mil millones de dólares, aunque no hay un apartado específico que detalle cómo se generará ese monto, lo cual hace pensar que se sustentará en la inversión pública y privada y en la cooperación para el desarrollo que ofrecen los organismos especializados de las Naciones Unidas.
Como el punto medular en cualquier medición de crecimiento económico es la infraestructura, no resulta extraño que de la suma mencionada casi el 70% corresponda a ese rubro y al desarrollo productivo y territorial. A diferencia de estrategias regionales previas, que incluían programas sectoriales de los cuales se desglosaban acciones concretas, este plan desglosa trabajos específicos que conllevan esfuerzos locales, nacionales y regionales con efecto en el desarrollo económico de los países participantes. Los otros pilares del plan recibirán menores recursos, representando 22%, a Bienestar Social; 7.5%, a Sostenibilidad Ambiental, sólo1.5% al Ciclo Migratorio.
En conjunto, este plan representa un último llamado para avanzar de manera decisiva en la atención de un problema con aristas socioeconómicas variadas y añejas: el desarrollo económico de los países centroamericanos y los Estados del sureste de México, principalmente Chiapas, Oaxaca y Guerreo. Aunque este diagnóstico indica los pasos a seguir en una ruta de largo plazo, evita referir probables obstáculos, predominantemente los presupuestales.
Sin embargo, su estructura y contenido son acertados al reconocer la confluencia de planes y políticas en diversos niveles de gobierno; las responsabilidades de los principales actores en cada uno de los países involucrados, y la relevancia de las acciones de los organismos especializados de las Naciones Unidas y las instituciones y bancos de desarrollo regional. El plan es, en suma, una exhibición de las bondades que puede generar la cooperación internacional.
Referencia:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Plan de Desarrollo Integral para el Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México. Síntesis, Vols. I y II. Santiago, 2021.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47248/1/S2100199_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/47251/S2000526_en.pdf
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