El pasado 14 de diciembre se celebraron 60 años de la firma de la Convención que funda la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el 30 de septiembre será el aniversario de su establecimiento formal.
Es cierto que sus antecedentes se ubican años atrás, específicamente con el surgimiento de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC), creada en 1948 para administrar los recursos del Plan Marshall, establecido por Estados Unidos a fin de lograr la reconstrucción económica del continente después de la guerra. Empero, fue hasta 1960, con la adhesión de Canadá y Estados Unidos a la convención de la OCDE, cuando este organismo se transforma en un foro global. Su visión internacional se refrendó en 1964 con la adhesión de Japón y posteriormente con la paulatina adhesión de nuevos integrantes, alcanzando en la actualidad 37 membrecías (4 países de Asia-Pacífico, 3 de Norteamérica, 2 de América Latina, 1 de Medio Oriente, 27 de Europa) y 5 aliados estratégicos (Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica).
Como en su interior coinciden las mayores economías del mundo (G-7 y la mayoría del G-20), este organismo ha sido etiquetado como un club de países ricos que se regodean al confirmar sus logros, sustentados en la economía de mercado. No obstante, esa visión es errónea ya que desde su fundación la OCDE ha promocionado, a partir de evidencias y resultados, políticas que estimulan el crecimiento económico y mejores niveles de bienestar de sus miembros.
Sus estudios y propuestas son un referente internacional de primer orden debido a que se sustentan en datos socioeconómicos comparados; en análisis y propuestas de ejecutores y diseñadores de políticas públicas, y en el seguimiento a una amplia variedad de estándares forjados en su interior y reconocidos internacionalmente.
Actividades adicionales que confirman que esta organización es un “Do Thank”, -trascendiendo a esos centros de pensamiento (Think Tanks) cuya labor está cimentada en el análisis y la propuesta desde una ideología o postura política específica-incluyen evaluaciones de pares entre países, monitoreos regulares del progreso a sus recomendaciones, el intercambio permanente de información, experiencias y buenas prácticas con otras organizaciones internacionales, así como la revisión constante de sus herramientas de análisis y estándares a fin de garantizar su relevancia, actualidad e impacto.
Referir seis décadas de historia de esta organización no resulta sencillo, sin embargo, ciertos hitos explican su momento y condición actuales. Durante sus primeras décadas fue un organismo concentrado en hacer efectivo su principio fundacional de cooperación a fin de garantizar crecimiento económico y mejores niveles de bienestar a sus integrantes. Una de sus acciones más trascendentes fue el establecimiento del Centro de Desarrollo, foro donde se comparten, analizan e identifican políticas innovadoras de desarrollo económico y social. Este espacio actúa con relativa informalidad y autonomía (tiene presupuesto y estructura de gobierno propios) y actualmente agrupa a 55 países, (26 miembros de la OCDE y 29 representando economías emergentes y en desarrollo), siendo una plataforma ideal para el diálogo y el aprendizaje mutuo. Su actuar se ve fortalecido con la cooperación que mantiene con la estructura formal de la OCDE, tanto con el Comité de Asistencia para el Desarrollo como con otros órganos y directorados de la organización.
Un segundo hito del devenir de la OCDE se observa a partir de la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado, cuando inicia un ciclo de nuevas membrecías después de 20 años de no aceptar a nuevos miembros, motivando la germinación de nuevos temas y propuestas. Eran evidentes las secuelas de la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y la acelerada apertura económica que adoptaron ciertos países en distintos puntos del orbe.
Durante esta etapa, y hasta antes de la crisis financiera de 2008-2009, la OCDE fungió como un defensor de flujos más abiertos de bienes, servicios y capital afirmando que eso permitiría el crecimiento económico y el bienestar mundial. Así, desarrolló un enfoque dual entre comercio e inversión extranjera con competencia, medio ambiente y regulación en diversos ámbitos. Regionalmente, la paz, la estabilidad, el progreso económico y social en Europa del Este los asumió como desafíos; respecto a la evolución de las nuevas tecnologías, reconoció la necesidad de realizar trabajo a largo plazo enfocado en la adopción de tecnologías benéficas entre integrantes y aliados de la organización.
Es en los ámbitos de gobernanza pública y de ejercicio del poder público donde se presenta un giro considerable. Se asumió a los gobiernos como un grupo de actores entre muchos otros que buscaban representar y servir al público; también se reconoció que la pérdida del monopolio gubernamental en los servicios significaba para el sector público una mayor competencia y se confirmó la necesidad de que los gobiernos nacionales aprendieran a coordinarse a nivel sub nacional y con los medios de comunicación, la industria y otros grupos sociales. En lo referente a la administración de lo público, destaca la suscripción, en 1997, de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (la Anti-Bribery Convention), que es el primero y único instrumento anticorrupción internacional centrado en el «lado de la oferta» de la transacción de soborno, es decir de la persona o entidad que recurre al cohecho. Como es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, ratificado hasta la fecha por 44 países, sus integrantes han tipificado el soborno de funcionarios públicos como un delito en sus propias legislaciones.
Ya en el presente siglo, dos momentos trascendentes en la evolución histórica de la OCDE han tenido que ver con crisis mundiales. La primera de carácter financiero en 2008-2009, que evidenció una falencia en la visión del organismo, y por lo tanto de acciones preventivas. Este cisma internacional contravino el crecimiento económico sostenido y minó la confianza en los gobiernos y sus instituciones, lo cual obligó al organismo a recurrir a nuevos enfoques.
La respuesta fundamental fue el establecimiento del proyecto NAEC (New Approaches to Eonomic Challenges), que se convirtió desde entonces, en un eje central para la coordinación de un nuevo pensamiento económico y acción global del organismo. Se empezó a aplicar un mayor realismo institucional y de comportamiento, adaptando y modificando los marcos tradicionales e incorporando además de los aspectos financieros, los sociales y medioambientales. La OCDE también inició la actualización de sus propias herramientas y técnicas analíticas y, desde 2016, realiza un esfuerzo minucioso para examinar la pertinencia y el impacto de sus instrumentos jurídicos e identificar áreas en las que es necesario diseñar nuevos instrumentos o revisar los existentes.
La segunda crisis es la actual, motivada la pandemia del COVID-19. Esta vez la respuesta de la OCDE fue diferente y de gran eficacia, exhibiendo un liderazgo para asegurar la colaboración de todos sus integrantes y la relevancia de sus instrumentos legales existentes (seguridad digital de actividades críticas, fondos de retiro y pensiones, inversión pública estatal y sub estatal, gobernanza de datos sobre Salud, ente otros), los cuales han permitido respaldar las respuestas nacionales y fortalecer los esfuerzos de recuperación. Una herramienta de gran trascendencia para afrontar el trance actual es la creación del COVID-19 Policy Hub, que incluye cerca de 300 breviarios de políticas (policy briefs) y cuenta con un buscador de políticas por país (Country Policy Tracker) con información sobre las acciones y buenas prácticas adoptadas en respuesta a la crisis.
El énfasis en la atención a la pandemia no significó dejar al margen otros temas prioritarios para los miembros de la organización. Sobresale entre ellos el referente a la tributación internacional, el cual se ha debatido desde 2013-2014 y actualmente está próxima una solución a largo plazo. De este rubro forman parte el intercambio de información con fines fiscales (que representa la implementación de estándares internacionales sobre transparencia fiscal en más de 160 jurisdicciones), y el marco inclusivo de la OCDE/G20 sobre BEPS (Base Erosion and Profiting Shifting), que representa la implementación de medidas de erosión de la base y el cambio de beneficios en lo relacionado con evasión fiscal.
En este contexto de conmemoración por sus 60 años de existencia, los miembros de esta organización eligieron a su nuevo Secretario General. Se trata de Mathias Cormann, de Australia, quien será su sexto titular a partir del 1º de junio de 2021, durante un periodo de cinco años. Remplaza a José Ángel Gurría, quien fungió como el máximo representante de ese organismo por 15 años, debido a que fue reelecto en dos ocasiones desde su elección en 2005.
El legado que deja este destacado funcionario mexicano a su sucesor es amplio y de gran significación. Su período como Secretario General de este organismo no sólo exhibe una amplitud notable en su membresía, refleja sobre todo la visión de un dirigente que interpretó acertadamente la agenda internacional de los últimos años. De otro modo no podría explicarse la renovación permanente de los temas al interior de la OCDE y la inclusión de nuevos actores con análisis y propuestas innovadoras.
El reto para el nuevo Secretario General será dar continuidad a la búsqueda de soluciones para los asuntos globales más apremiantes (cambio climático, pandemias, desigualdades socioeconómicas, migración, acceso digital, entre otros), así como establecer o ampliar la inclusión de aliados y partes interesadas-tanto al interior de la organización como con otros entes internacionales- a fin de garantizar el objetivo fundacional de esta organización: el bienestar económico y social de los Estados.
Dejar una contestacion