En la década de los años 50s del siglo pasado ya se podía apreciar que el sistema político mexicano diseñado a partir de la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, en la época del maximato callista, se había consolidado. Las principales características de ese sistema eran: su hegemonismo, su carácter monolítico, su particularidad de partido oficial casi único, su modelo de democracia limitada y acotada y hasta su corporativismo. En opinión del historiador Fabrizio Mejía Madrid se trataba de “tiempos de libertad condicionada”.
Un claro ejemplo de la preeminencia de ese sistema político y su nueva herramienta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), heredero del PNR, fueron las elecciones de julio de 1952, en las cuales el partido y su candidato oficialista, Adolfo Ruiz Cortines, triunfaron con más del 75% de la votación, superando a una opaca y tolerada oposición integrada por los partidos Constitucionalista Mexicano y Federación de Partidos del Pueblo Mexicano ( su candidato fue el general Miguel Henríquez Guzmán), Acción Nacional ( su candidato fue Efraín González Luna ) y Popular ( su candidato fue Vicente Lombardo Toledano ).
Resulta de interés dejar anotado que el gobierno federal reprimió con dureza al movimiento encabezado por el general Henríquez Guzmán por los apegos que recibió en el medio rural e inclusive en algunos sectores militares, ya que se había generado un ambiente de desencanto por la corrupción, los abusos y las políticas contra revolucionarias del gobierno de Miguel Alemán (1945-1952). Sin embargo, gobierno, instituciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales se decían democráticos y se identificaban con esta doctrina.
En julio de 1956 se llevó a cabo la Asamblea Americana en Panamá a la que asistieron 19 presidentes americanos, entre ellos: Adolfo Ruiz Cortines de México, Dwight D. Eisenhower de los Estados Unidos y una galería de dictadores militares como: Anastasio Somoza García de Nicaragua, Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana, Gustavo Rojas Pinilla de Colombia, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, Fulgencio Batista de Cuba y Alfredo Stroessner de Paraguay. Por Guatemala participó otro dictador, Carlos Castillo Armas.
El interés de esta convocatoria fue el de reafirmar el compromiso de los países americanos en contra del sistema comunista que ya tenía presencia en Europa oriental y en Asia, influía en el movimiento de descolonización y era visto como una amenaza a las “democracias americanas”.
El autor norteamericano Tim Weiner expone en su libro “Legado de Cenizas” que el presidente Eisenhower dio instrucciones a Foster Dulles, secretario de Estado, y a Allen Dulles, director de la CIA, para preparar y ejecutar un plan estratégico de combate al comunismo.
La directriz autorizaba inclusive la ejecución de “cosas repugnantes” para defender el modo de vida americano y los intereses de los Estados Unidos y la realización de operaciones encubiertas por parte de la CIA sin la obligación de reportarlo al presidente.
La primera acción contemplada por este plan se ejecutó entre abril y junio de 1954 para derribar al gobierno de Jacobo Árbenz de Guatemala.
De esta forma, se hacía evidente que el gobierno de México no solamente simulaba el mantenimiento de un sistema político democrático, sino que también se adhería a los lineamientos de los Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica y de contención del comunismo.
Hacia el final de la administración del presidente Ruiz Cortines la sucesión presidencial (otra característica del modelo político mexicano) identificaba a tres personajes: Ángel Carvajal, secretario de Gobernación; Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura y Ganadería; y Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo. Los dos primeros contaban con apoyos considerables en los medios político y empresarial.
A pesar de los pronósticos favorables a Carvajal y Flores Muñoz, el sistema político hegemónico y su partido, el PRI, “destaparon” a López Mateos como su candidato y futuro presidente. Esto ocurrió a finales de 1957.
La selección de López Mateos provocó, como era de esperarse, inconformidades y resentimientos en las clases política y empresarial que no fueron más allá de sus estados de ánimo por la férrea disciplina partidista, pero permanecieron las ganas de poner a prueba el temple del futuro presidente en el plano de la medición de fuerzas para retener posiciones e intereses y acaso ganar otros.
El 1º de diciembre de 1958 Adolfo López Mateos tomó posesión de la Presidencia de la República y de inmediato tuvo que enfrentar serias crisis heredadas del gobierno anterior: las dificultades económicas provocadas por la devaluación de abril de 1954 cuando el peso pasó de una tasa de 8.65 a 12.50 por un dólar, la aprobación de una ley antimonopolios, creación de CEIMSA ( empresa estatal de producción y distribución de alimentos ), fuga de capitales y lentitud en la creación de empleos, además de la huelga ferrocarrilera que estalló en 1959 y que recibió solidaridad de los gremios de maestros, telegrafistas y trabajadores petroleros.
En el plano de la política exterior el nuevo gobierno de López Mateos recibió un asunto que fue ignorado y desatendido durante años por la cancillería mexicana y que dio lugar a las dificultades con Guatemala en 1959. Se trataba de la incesante presencia de buques pesqueros mexicanos en aguas territoriales guatemaltecas y a la tala furtiva que llevaban a cabo leñadores mexicanos en territorio guatemalteco, particularmente en el departamento de El Petén.
Se tienen noticias que desde principios de los años 50s barcos camaroneros mexicanos procedentes de Salina Cruz, Oaxaca y Puerto Madero, Chiapas incursionaban ilegalmente en la porción territorial marina de Guatemala. A partir de 1956 el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país empezó a notificar continuamente al gobierno de México, por notas diplomáticas, su protesta y extrañamiento porque las autoridades mexicanas no detenían las actividades de esas embarcaciones. La cancillería guatemalteca advertía que las embarcaciones no mostraban ni bandera ni matrícula mexicanas y que, en consecuencia, se les daría tratamiento de piratas.
Se puede inferir que la falta de atención o de interés de la secretaria de Relaciones Exteriores a las quejas de las autoridades guatemaltecas se debía, por una parte, a una cierta actitud de discordancia con respecto a ese país, no se debe dejar de lado que se trataba de una dictadura militar respaldada por los Estados Unidos y financiada por la United Fruit Company. Dicha tiranía fue encabezada, primero, por el general Carlos Castillo Armas y, luego, por el general Miguel Ydígoras. En México se tenía presente que el régimen militar guatemalteco se instauró como resultado del golpe de estado en contra del gobierno constitucional de Jacobo Árbenz ocurrido el 27 de junio de 1954.
El coronel Jacobo Árbenz fue un militar y político de corte nacionalista, que impulsó la reforma agraria y la justicia social y que enfrentó a los monopolios norteamericanos, particularmente a la United Fruit Company que era propietaria de más del 50% de las tierras cultivables. Debido a que algunos colaboradores de Árbenz eran miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunistas), el embajador estadounidense en ese país, John Peurifoy, lo enfrentó constantemente hasta que la CIA acusó al presidente de tener filiación marxista.
De esta manera, la CIA y la United Fruit Co. organizaron y financiaron una operación llamada PBSUCCESS que entrenó a una fuerza paramilitar (movimiento de liberación nacional) en Honduras y dio el golpe de estado en 1954, asumiendo la jefatura de estado Carlos Castillo Armas que fue asesinado en 1957 y luego se colocó a Miguel Ydígoras Fuentes con quien se fortaleció una política de corrupción y de total alineamiento con los Estados Unidos. Se debe recordar que de Guatemala partió la expedición de contrarrevolucionarios cubanos que intentaron la fallida invasión de Bahía de Cochinos, Cuba en 1961.
La profesora Soledad Loaeza de El Colegio de México, escribió un artículo intitulado “La Fractura Mexicana y el Golpe de 1954 en Guatemala”, publicado en el año 2016 en la revista Historia Mexicana, en donde expone que la caída del presidente Jacobo Árbenz, con un golpe de estado patrocinado por los Estados Unidos, a semejanza del ocurrido en Irán en 1953 contra el gobierno nacionalista de Mossadegh, obligó a una reconstrucción de la política exterior en la segunda mitad del siglo XX, buscando actualizar conceptos: la política exterior es una fuente de consenso nacional y la relación especial entre México y los Estados Unidos, que permite un acuerdo bilateral para discrepar en temas de política internacional, siempre y cuando no estén en juego sus respectivos intereses estratégicos.
La crisis guatemalteca -continúa la doctora Loaeza-, puso a prueba esos entendimientos. Removió la fractura cardenismo-anti cardenismo, presente desde finales de los años 30s y que era un eje ordenador de las preferencias y contradicciones políticas en México y como consecuencia de esa crisis, el gobierno de México aceptó cooperar con los Estados Unidos en su lucha contra el comunismo internacional para evitar su presencia en el hemisferio y adoptó medidas que le fueron solicitadas.
Desde el punto de vista de la citada académica, la política del buen vecino había llegado a su fin. Guatemala fue el terreno de entrenamiento para futuras intervenciones en Cuba, Brasil, Chile y la Guyana británica con el pretexto de la lucha contra el comunismo, la bipolaridad con la Unión Soviética y la guerra fría.
En suma, la política exterior del gobierno de Ruiz Cortines es vista como el abandono de los principios revolucionarios y que sólo alcanzó un frágil entendimiento con los Estados Unidos.
Otro argumento que podría tomarse en cuenta para explicar la actitud de indiferencia de la secretaria de Relaciones Exteriores con respecto a las notas de protesta de la cancillería guatemalteca, se encuentra en los compromisos políticos persistentes en ese modelo corporativo antes citado, en el cual se fusionaban los intereses de políticos y funcionarios, dependencias, sindicatos o empresas. Difícilmente una autoridad emprendería acciones punibles en contra de los intereses de sindicatos y cooperativas de pescadores, afiliados además al PRI.
Un claro ejemplo de lo anterior ocurrió en 1958. La secretaría de Relaciones Exteriores turnó a la secretaría de Marina una de las protestas de Guatemala por la presencia de barcos pesqueros en aguas patrimoniales de ese país. El titular de Marina acordó que la Dirección de Marina Mercante atendiera el asunto. Esta oficina se limitó a enviar un “exhorto” a la gerencia de la empresa pesquera Puertos Libres Mexicanos para detener esas actividades. El “exhorto” no fue atendido.
El 8 de noviembre de 1957 el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Adolfo Molina Orantes, dirigió una nota formal al gobierno de México presentando las quejas de su país, exponiendo que la pesca y la tala furtivas ya eran una práctica sistemática. En nombre de las excelentes relaciones diplomáticas se pedía al gobierno de México tomar las medidas necesarias para impedir esas actividades irregulares.
En una comunicación diplomática anterior, la parte guatemalteca expuso que los barcos pesqueros mexicanos realizaban labores ilegales en aguas territoriales guatemaltecas, principalmente captura de camarón. Se informó también de la tala ilegal de árboles en el departamento de El Petén.
Por esas fechas, el presidente Miguel Ydígoras Fuentes hizo una declaración pública advirtiendo a México con el uso de la fuerza para preservar la integridad y las riquezas naturales de Guatemala.
Para finales de 1958 la discrepancia bilateral crecía y se veía venir un trance que inevitablemente incidiría en los vínculos entre los dos países vecinos. Por una parte, el régimen militar de Ydígoras requería urgentemente de decisiones políticas que contribuyeran a legitimar la dictadura para asumirse como gobierno, además de desviar la atención de problemas como la crisis económica o el descontento popular.
Por lo que toca a nuestro país, el nuevo gobierno de López Mateos estaba recibiendo retos por parte de sus antagonistas políticos (antiguos funcionarios, clase política desplazada, medios informativos, sectores de derecha y sindicatos en paro) y requería de voluntad política e imaginación para apuntalar definitivamente el inicio de la nueva administración y despejar cualquier duda sobre su autoridad.
El pretexto esperado por la parte guatemalteca se presentó el 28 de diciembre de 1958 (López Mateos tenía 28 días en la presidencia). Una aeronave de reconocimiento de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), un aparato del tipo C-47, confirmó la presencia de buques camaroneros mexicanos en aguas territoriales guatemaltecas (1.8 millas marítimas). El 29 de diciembre la cancillería de aquel país se dirigió nuevamente al gobierno mexicano en solicitud de medidas oportunas para evitar esas actividades ilícitas. El 30 de diciembre la prensa mexicana destacó, de manera sensacionalista y exagerada, que el presidente Miguel Ydígoras había amenazado con bombardear, ametrallar y hundir a todo barco pirata hasta acabar con esos bandidos, piratas y filibusteros, pero sin hacer ninguna aclaración periodística de que los pesqueros mexicanos se introducían de manera furtiva en aguas guatemaltecas y realizaban la pesca de camarón de manera ilegal.
Para el 30 de diciembre la FAG recibió órdenes de la presidencia de poner punto final a la controversia, poniendo en práctica una operación de vigilancia que se denominó “Drake”. Ese mismo día fueron enviados dos aviones caza del tipo T-6 Texan para localizar a las embarcaciones. El 31 de diciembre salieron una avioneta del tipo Cessna 180 y un avión de transporte C-47 con periodistas a bordo y localizaron en la costa del Pacífico a unas 8 embarcaciones en plena faena, 5 de ellas en las proximidades del litoral en la zona de Champerico. El C-47 efectuó vuelos en círculos y el Cessna hizo pases rasos y confirmó que las embarcaciones no exhibían bandera ni matrícula. Después llegó otro Cessna con altavoces transmitiendo instrucciones a los pescadores para que enfilaran inmediatamente hacia Champerico, de lo contrario serian ametrallados.
Los periodistas a bordo del C-47 reportaron que los pescadores respondieron con mofas, insultos y señas obscenas, continuando con sus labores.
A las 8:40 de la mañana de ese día llegaron al lugar dos aviones caza del tipo Mustang P-51. Uno de los barcos pesqueros trató de iniciar la huida hacia aguas mexicanas y uno de los aviones disparó como maniobra de apercibimiento, sin que la embarcación detuviera su marcha. El otro P-51 disparó directamente sobre el pesquero y lo obligó a poner rumbo a Champerico, desplegando una manta blanca y rindiéndose.
Los otros barcos trataron de huir hacia México. Los aviones les disparaban delante de la proa y para detenerlos disparaban a la popa para dañar los motores.
Al final fueron capturados los buques pesqueros Elizabeth, Puerto Salina Cruz, San Diego, Águila IV, Eugenia XII, Miguel 2, Camaronera VII y otro barco encalló en la playa de Tilapan. El saldo fue de 3 pescadores muertos y 14 heridos. Los que saltaron al mar fueron rescatados y llevados en calidad de prisioneros a la base militar de Mazatenango para ser sometidos a interrogatorio militar.
En un claro intento de la prensa mexicana por ignorar la conducta de los pescadores mexicanos y denunciar el uso de la fuerza por parte de las aeronaves guatemaltecas se llegó a publicar que los pescadores habían cruzado el límite marítimo sin darse cuenta, que el ametrallamiento ocurrió cuando las embarcaciones estaban encalladas en la playa y que habían zarpado de Salina Cruz apenas 5 días antes.
El autor estadounidense Thomas Wolf anotó en su artículo “Mexican-Guatemalan Labroglio: Fishery Rights and National Honor”, publicado en la revista The Americans en 1981, que México no respondió al ataque. El presidente Adolfo López Mateos, con menos de un mes en el cargo, asumió con gran responsabilidad el problema, tomó en cuenta la posición de México en el sistema interamericano y la condición de país líder en la OEA y dispuso que México no agrediría a un país hermano por motivos obvios y repercusiones políticas. Instruyó que al problema se le diera una salida diplomática (Wolf utilizó el término en lengua italiana Labroglio como sinónimo de intriga).
Para Wolf se trató de una “paranoia política de la guerra fría” y agregó que lo que comenzó en el océano con medio centenar de hombres, brincaría a los despachos de los políticos, a la virulencia de la prensa y a las manifestaciones callejeras de las multitudes nacionalistas.
El 1º de enero de 1959 la Embajada de México en Guatemala protestó por el ataque a los barcos y pidió que se liberara a los pescadores detenidos, a sus embarcaciones y se les indemnizara por los daños causados. La Representación agregó que el ametrallamiento de los barcos pesqueros no correspondía a las normas del derecho internacional ni tampoco a las relaciones de amistad entre ambas naciones. La Embajada de Guatemala en México señaló, por su parte, que el ataque no había sido una acción bélica contra México, sino una acción policiaca interna en contra de piratas en territorio guatemalteco.
El 22 de enero de ese año la Corte de Guatemala declaró culpables a los pescadores mexicanos y les impuso una multa de 55 dólares a cada uno para liberarlos. Sin embargo, esto no marcó el final del episodio ya que el 23 de enero el presidente López Mateos acordó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Guatemala, culpando al régimen militar de Ydígoras de no cooperar con la Corte Internacional de Justicia y de no respetar el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas de 1948, señalando que las autoridades guatemaltecas habían recurrido a la violencia contra personas desarmadas que habían cometido solamente una falta administrativa.
El presidente de Guatemala respondió en términos de que México no tenía voluntad de cooperación pues no detenía actividades ilícitas como pesca, tala de árboles y tráfico de armas.
El episodio anterior puede ser considerado como el clímax del diferendo bilateral. El rompimiento diplomático duró 7 meses y la Embajada de Brasil en Guatemala se hizo cargo de los intereses mexicanos en ese país.
La ruptura diplomática no afectó los contactos tradicionales, vecinales y religiosos en la zona fronteriza. Con motivo de la Feria de Ayutla la frontera se abrió durante los días 9, 10 y 11 de febrero para que los fieles chiapanecos y guatemaltecos pudieran visitar el templo del señor de las Tres Caídas venerado en ambos lados de la frontera.
A continuación, los dos países movilizaron efectivos militares en zonas aledañas a su frontera (a 15 kms. de la línea fronteriza) y sus fuerzas aéreas patrullaban el área limítrofe.
El gobierno de México, que no esperaba una acción enérgica por parte de Guatemala, dispuso que buques de la Armada escoltaran a los barcos pesqueros hasta los límites de las aguas territoriales guatemaltecas.
Tomando en cuenta que ya se había iniciado el diferendo bilateral, la prensa de ambos países trató de escalarlo para darle tratamiento de conflicto. En la ciudad de México se quemó un monigote con la imagen de Ydígoras. Manifestantes guatemaltecos le prendieron fuego al puente internacional de Ciudad Hidalgo-Ayutla y más tarde una banda de mexicanos cruzó la frontera para vandalizar la población de Santa Ana. El delirio nacionalista llegó a tal extremo que el PRI pagó inserciones en diarios nacionales para reportar que el presidente López Mateos había recibido el apoyo de 500 mil personas en un acto masivo que nunca ocurrió.
La delicada situación se complicó en marzo de 1959 cuando Ydígoras acusó al gobierno de México de albergar a los opositores guatemaltecos José Gregorio Díaz y Rogelio Cruz Wer, quienes preparaban una invasión a Guatemala desde México, y denunciar una supuesta alianza militar entre México y Belice (seguía siendo colonia británica) para atacar a Guatemala. Los cargos e insinuaciones del dictador guatemalteco fueron rechazadas por la secretaría de Relaciones Exteriores.
En esos días el gobierno de Guatemala promovió un entendimiento con Honduras, El Salvador y Nicaragua al que se le quiso dar forma de alianza, en el marco de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), para apoyar a Guatemala con el argumento de demandar una extensión del mar territorial a 12 millas. Costa Rica, Venezuela y Chile ofrecieron su mediación para resolver las diferencias, ofrecimiento que fue rechazado por Ydígoras. México, por su parte, recibió el apoyo internacional de los Estados Unidos, Cuba, China y la Unión Soviética.
En México mientras tanto, la prensa nacional insistía en darle un tratamiento de conflicto al problema. De una manera escandalosa y sensacionalista se ocupaba de relatar la sucesión de movilizaciones, protestas y hasta desplazamientos militares en la frontera, insinuando la inminencia de enfrentamientos armados. Se puede aseverar que se trataba de retos lanzados a la presidencia para medir su capacidad de reacción.
En opinión del autor el problema bilateral en ningún momento se aproximó a la calidad de conflicto. Si bien hubo rompimiento de relaciones diplomáticas con un intercambio de declaraciones y acusaciones entre ambos gobiernos, no se produjo alguna situación en que el inicio de hostilidades se viera cercano o inminente.
Como resultado de ese tratamiento periodístico distorsionado y amarillista, en la ciudad de México tuvieron lugar hechos en los que estudiantes y trabajadores, azuzados por diarios, sindicatos y organizaciones estudiantiles oficialistas, realizaron marchas de protesta contra Guatemala y la United Fruit Co., a la que responsabilizaban por tratar de crear tensiones entre los dos países. En un acto de exceso y de falta de ecuanimidad unos grupos de estudiantes se dirigieron a las calles de República de Guatemala, en el centro de la ciudad, para vandalizar y retirar las placas de la nomenclatura urbana con ese nombre.
La situación de tensión política y diplomática entre los dos países, una tensión que no rebasó los límites de la convivencia fronteriza, permaneció indeleble durante los siguientes cuatro meses. En agosto de 1959 el presidente López Mateos expuso en un discurso que su gobierno estaría dispuesto a aceptar la mediación de otros países para conseguir la reanudación de relaciones con Guatemala, siempre y cuando los términos de cualquier arreglo fueran compatibles con la dignidad de Guatemala. Los embajadores de Chile y Brasil en aquel país transmitieron formalmente el ofrecimiento al gobierno guatemalteco, causando un interés inmediato.
De esta manera, el 15 de septiembre de 1959 el presidente López Mateos anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Guatemala, destacando la solidaridad latinoamericana y la amistad con el país vecino.
En el epílogo diplomático de este episodio la parte guatemalteca lamentó haber tenido que recurrir a la violencia contra barcos pesqueros mexicanos y el gobierno mexicano lamentó que los pescadores mexicanos hayan entrado a territorio guatemalteco sin el conocimiento de las autoridades mexicanas y aseguró que ese tipo de actividades no continuarían y que se iban a restringir con la vigilancia por parte de unidades de la Armada de México. Guatemala aceptó indemnizar a los pescadores heridos y a las familias de los que resultaron muertos. Se convino, asimismo, en aceptar la mediación de la Corte Internacional de Justicia para prevenir este tipo de casos en el futuro.
Por lo que toca al equilibrio y capacidades de las fuerzas militares de los dos países en esos momentos de 1959, el tema no ha sido abordado públicamente por la secretaria de la Defensa Nacional. Se infiere que debe ser tema de estudio en cursos impartidos en instituciones como la Escuela Superior de Guerra o el Colegio de la Defensa Nacional, sin que trasciendan opiniones o conclusiones.
Por conversaciones sostenidas entre el autor del presente trabajo y agregados militares en distintas representaciones diplomáticas de México, se puede colegir que los altos mandos militares mexicanos tuvieron serias dudas e inquietudes por la posibilidad de que se hubiera llegado a un conflicto armado. Se tenía presente que los ejércitos de ambos países no eran numerosos, no tenían grandes capacidades de fuego, su adiestramiento y organización no eran idóneas y su equipamiento no era moderno. Sin embargo, en el caso guatemalteco las fuerzas armadas estaban recibiendo entrenamiento por parte de la CIA y del ejército norteamericano en la modalidad de contra insurgencia y para combatir al comunismo en la zona.
Los agregados militares llegaron a reconocer que en el Estado Mayor de la secretaria de la Defensa Nacional se preparó un plan preliminar para aplicarse en caso de que el ejército guatemalteco hubiera cruzado la frontera y se hubiera internado en Chiapas. Ese proyecto táctico reconocía las limitaciones de las fuerzas mexicanas para contener a las guatemaltecas en la zona fronteriza. Por ello, se propuso ceder espacio a los contingentes guatemaltecos hasta la región del Soconusco, alejarlos de la frontera, alejarlos de sus puestos de abastecimiento, para entonces enfrentarlos, detenerlos y obligarlos a retirarse a sus puntos de partida en el territorio de su país.
En el plano de las capacidades aéreas México sí se encontraba en desventaja. Para esa época la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) contaba con 140 aeronaves, pero solamente con 3 aviones de combate del tipo cazabombardero P-47 Thunderbolt, similares a los utilizados por el escuadrón 201 en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Este aparato pesaba 8 toneladas armado y no era maniobrable ni confiable en caso de enfrentar en el aire a otras aeronaves.
La Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) contaba con una flota de entre 65 y 76 aeronaves, con un escuadrón de 15 aviones caza del tipo Mustang P-51, ágiles, potentes y confiables en el combate, que habían demostrado su eficiencia en el frente europeo de la guerra mundial.
Esa franca desventaja determinó a la FAM para adquirir en 1961, con el visto bueno del presidente López Mateos, un escuadrón de 15 aviones jet de combate del tipo Vampire MK-3 fabricados en Inglaterra y comprados, usados, a la Real Fuerza Aérea Canadiense. También se adquirió otro escuadrón de 15 cazas jet del tipo Lockheed T-33 en los Estados Unidos. La historia de los cazas Vampire en México no fue la más afortunada. En un plazo de 9 años los aparatos demostraron su inoperancia y su falta de eficacia para operar en condiciones como las de nuestro país. Más de la mitad de los aparatos se perdió en accidentes y los restantes se utilizaron como chatarra para obtener refacciones para los pocos que permanecían en servicio.
En conclusión, y en estricta opinión del autor, la ocurrencia de este diferendo político-diplomático entre México y Guatemala sirvió, entre otras cosas, para exhibir que las fuerzas armadas de los dos países estaban organizadas y entrenadas para mantener el orden interno y como recurso en materia de seguridad nacional, pero no para enfrentar a otro ejército. Se hizo evidente que esos cuerpos armados tenían la capacidad y los materiales para actuar en defensa de los intereses de las autoridades, como fuerzas represoras de trabajadores, campesinos y estudiantes, pero no – como ya se expuso- para hacer frente a otra fuerza militar.
Finalmente, y por lo que se refiere al desempeño y a la posición del presidente de México, se puede aseverar que López Mateos demostró su capacidad de maniobra, su autoridad política y su sensibilidad diplomática para resolver este diferendo y para impedir que escalara a nivel de conflicto. Con sus decisiones y con el tratamiento político que le dio al trance, López Mateos generó espacios para resolver pacífica y adecuadamente la discrepancia con Guatemala (apoyada por las dictaduras latinoamericanas en plena guerra fría), para esclarecer con los Estados Unidos cuales eran los intereses de México en la región y para destacar las capacidades negociadoras de la política exterior de México. En el plano interno la situación fue de suma utilidad para que el presidente López Mateos confirmara su lugar como titular del Poder Ejecutivo y líder político, neutralizando a las corrientes políticas opositoras, dentro y fuera del sistema, las cuales tuvieron que recurrir a otros capítulos ajenos a la política exterior para cuestionar a su gobierno, como fue el caso de la campaña en contra del libro de texto gratuito o las imputaciones de los sectores de derecha, ventiladas en la prensa, de que su administración tenía tendencias de izquierda.
México limita al norte con los Estados Unidos,
y al sur…también con los Estados Unidos.
Proverbio popular.
Everardo Suárez Amezcua.
Julio de 2023.
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