IV. EL ESEQUIBO ES DE VENEZUELA.

Para muchos lectores de ADE y sobre todo a los jóvenes diplomáticos Mexicanos y Latinoamericanos, el tema de la disputa entre Venezuela y Guyana es incomprensible.

Para nosotros los diplomáticos venezolanos y sobre todo los de mi generación, desde muy jóvenes entendimos lo que significaba para Venezuela recuperar el Esequibo y lo importante de trabajar en una estrategia de largo aliento para garantizar una solución pacifica y política tal como se estableció en el acuerdo de Ginebra. Para Caracas, que Guyana y el resto de los países del Caribe entendieran que Venezuela fue ultrajada a finales del siglo 19 por el imperio británico y sus secuaces en aquel entonces, era una tarea permanente.

Lamentablemente, llegamos al nuevo milenio ya entrados 23 años y estamos ante una situación que nunca nos imaginamos. Que la disputa terminaría en una corte de arbitraje internacional. Errores sí, falta de diplomacia activa también, pero la razón de la historia está de nuestro lado. En ella nos evalúa la pertenencia histórica de la porción de territorio, sino la validez del Laudo de Paris de 1899.

Esta larga disputa entre Venezuela y Guyana se complica aún más. En estos momentos estamos ante una nueva situación, llámese un nuevo reto. Ciertamente, el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre los dos países le otorgó al Secretario General de las Naciones Unidas la responsabilidad de ayudar a encontrar un medio de solución pacífica entre los estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Establecía, igualmente, que si el medio propuesto no lograba una solución, podría colaborar en la búsqueda de otro mecanismo.

Por su parte, el Ex Secretario General Ban Ki-moon le había informado a ambas partes un esquema con los pasos que consideraría seguirse para la resolución del conflicto. Recalcó que el proceso de los buenos oficios que se inició en 1990 se continuaría solo hasta finales de 2017, en el entendido de que si no se alcanzaba un acuerdo su sucesor escogería la Corte Internacional de Justicia, a menos que los países en disputa la rechazaran.

La diplomacia Venezolana no disputó esta opción bajo el argumento de que para la Corte Internacional de Justicia constituirse en parte de un proceso, cualquier Estado parte de un litigio, debe expresar su consentimiento, aceptar su jurisdicción. Venezuela no aceptaba la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Llegó el momento, no se alcanzó un acuerdo y el Secretario General procede según lo acordado. Guyana lo recibe con complacencia. El Ex Presidente de Guyana, General (r) David Granger, logró un objetivo porque ha sido este precisamente el país interesado en que la disputa llegara a la Corte Internacional de Justicia, en donde según entendían encontrarían suficiente comprensión para su causa, tanto por las razones históricas que no eran de su competencia, pues no existía como nación independiente en aquel entonces sino que era una colonia británica, como por la cantidad de pronunciamientos y errores de Venezuela en estos últimos años que pudieran eventualmente ser usados en la Corte contra las tesis venezolanas, fundamentadas técnicamente en un arbitraje írrito y viciado, como bien se ha demostrado.

Venezuela desde el Acuerdo en Ginebra no había tenido interés en otro mecanismo que no fuera el de la negociación con miras a una solución pacífica y de mutuo beneficio para las partes. Nuestra reclamación no se basa en supuestos, ni en una aspiración que se fundó en la debilidad de origen del nacimiento de Guyana, sino en la cruda realidad de que fuimos víctimas de un despojo.

Nuestra política exterior trabajó con el criterio de que Venezuela y Guyana tenían grandes opciones para complementarse e integrarse. De allí nacieron importantes acuerdos de cooperación y de integración. Nunca se dejó de  poner en duda nuestra legítima aspiración hacia la solución de ese conflicto que  es vital para el futuro de la nación.

Sin duda, nuestra diplomacia se descuidó en estos últimos años y es responsable al no prever que esta opción estaba vigente y en uno de los peores momentos de la historia republicana para someterse a un arbitraje internacional.

Por otra parte, el Secretario General, en conocimiento de la crisis que atraviesa el país, debió proponer un waiver o congelar cualquier decisión mientras la crisis nacional persista. El país está en desventaja por la dimensión de la controversia interna y su capacidad de maniobra internacional.

En ese sentido, en aquel momento (2019) el Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales (COVRI) afirmaba: “Observamos una falta de coherencia al querer resolver en forma expedita un diferendo territorial cuando la propia ONU ha reconocido que una de las partes, Venezuela, atraviesa una severa crisis humanitaria”.

Recuerda que Guyana reconoce la crisis al ser signataria de la Declaración Grupo de Lima acordada el 23 de enero de 2018. Aseguran que estamos ante una clara falta de competencias del secretario general de la ONU para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia, y recuerda que Venezuela históricamente no ha reconocido su jurisdicción.

Hoy estamos ante otra situación. El caso está en la Corte y el procedimiento está en marcha. En términos simples el juicio comenzó. Aun tenemos opciones, siempre y cuando los argumentos de facto sean bien presentados, se haga un esfuerzo para demostrar el despojo a que fue sometida Venezuela y la importancia del Sistema Internacional de Justicia, de no negarla cuando se puede comprobar que la actuación del Reino Unido y de los jueces en ese momento fue imparcial. Esta no es solo una reivindicación política o jurídica, es fundamentalmente Ética y al propio Sistema se le está presentado una oportunidad para que se rectifique una situación injusta e írrita.

Quien saldría fortalecido es el Sistema de justicia, si es capaz de reparar y reconocer la arbitrariedad a la que fue sometida Venezuela, minimizada en aquel momento ante la fuerza y capacidades del imperio británico. Las cortes se pueden equivocar, por ello existe la opción de instancias. Los tiempos para rectificar no tienen caducidad.

En esta oportunidad, nuestra diplomacia está tan débil como estuvo en los tiempos del Laudo Arbitral. Ha cometido errores en el manejo de la disputa, pero ante la coyuntura compleja, ojalá que el gobierno entienda la dimensión de esta situación y actúe en nuestra defensa con visión de Estado y responsabilidad histórica. Se trata de defendernos jurídicamente con firmeza y sobriedad. El chovinismo no tiene cabida ante una situación que requiere precisión y capacidad jurídica, histórica y no simplemente emocional.

Este es un tema que debe quedar excluido de la diatriba nacional, todo el país debería estar consciente de las implicaciones de este hecho y el gobierno, debe enfrentar este realidad a la que estamos ya sumergidos sin excluir a sus mejores expertos, diplomáticos, historiadores y especialistas internacionales , para levantar un expediente lo suficientemente sólido para convencer a los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que su decisión debe reconocer el despojo injusto, que es centro del litigio y pronunciar la invalidez del laudo de 1899 que a todas luces fue una afrenta contra la Venezuela de esa época. Complejo sí, imposible no.

Es por ello que siempre es oportuno mirar por retrovisor y recordar por ejemplo el papel de Venezuela en la Conferencia Ministerial de Londres sobre el Esequibo y en donde resaltó el injusto arrebato y el fraudulento laudo promovido por la Inglaterra imperial de un territorio que abarca toda la extensión territorial de la cuenca occidental de ese río.

Nuestra Cancillería es depositaria de documentos y publicaciones que demuestran el interés y el estudio constante de las implicaciones de esta reclamación. En ese sentido, desempolvé en la biblioteca un compendio bajo el título Reclamación de la Guayana Esequiba, documentos 1962-1981, en donde se documenta claramente -y como lo expresara el Ex Presidente Raúl Leoni-, “los esfuerzos del país por hacer valer sus derechos y conseguir la reparación del daño que nos causara el doloso Laudo de París.”

En ese texto en comento encontramos una carta que quiero presentarle a los amigos lectores interesados y preocupados, toda vez que resume de manera diáfana la posición histórica de Venezuela en este tema. Se trata de una declaración de Ignacio Iribarren Borges, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, durante la conferencia ministerial de Londres el 9 de Diciembre de 1965.

Ante la tentativa de la gran Bretaña de persuadir a Venezuela de que no había justificación por parte de Venezuela para reabrir el problema de límites entre ese país y y Guayana Británica, este les responde con absoluta claridad y conocimiento de causa en los siguientes términos:

  1. No se responde a los planteamientos venezolanos sobre la adulteración de importantes mapas originales que fueron presentados ´por gran Bretaña al tribunal de 1899…
  2. Se silencia la correspondencia cruzada entre Sir Richard Webster, Lord Salisbury y Mr. Joseph Chamberlain….que comprueban que el gobierno Británico le impartía instrucciones para ser transmitidas a sus árbitros…
  3. Se omite toda réplica al argumento venezolano de que antes, durante y después de la negociación por lo cual Gran Bretaña reconoció a la Gran Colombia como estado independiente, este declaró oficialmente que su frontera con Guyana Británica era el río Esequibo.
  4. Entre otras, que Venezuela no acepta que se responda con tanta ligereza a sus graves argumentos sobre un punto tan importante de su contención como es que el Tribunal, contra lo estipulado por el tratado de arbitraje, no dictó una sentencia de derecho.

Además de estos puntos citados, fueron otros los argumentos diáfanos que destacó en esa intervención magistral el representante de Venezuela. Reiteró al final de su intervención del gobierno de Venezuela “que la solución satisfactoria del problema fronterizo con Guayana Británica consiste en la devolución del territorio que en derecho le pertenece.” Suficientes expedientes que demuestran la injusticia que se le hizo a Venezuela.

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