En semanas recientes las actitudes y las declaraciones de los mandatarios de Venezuela y Guyana subieron de tono, poniendo en riesgo el respeto elemental que se debe guardar para evitar un rompimiento de consecuencias imprevisibles. La causa inmediata, el pretexto de la disputa, es el viejo litigio por el ancho territorio llamado el Esequibo.
El debate por esa comarca se remonta hasta los albores de la nación venezolana. Si bien a lo largo del siglo diecinueve las desavenencias apenas se advertían o divulgaban, el Laudo Arbitral de París desencadenó la militancia de Venezuela en su reclamo por ese territorio, equivalente a alrededor de dos tercios de la superficie de Guyana y de la (descubierta en fecha reciente) inmensa riqueza en hidrocarburos y minerales.
La historia minuciosa de este asunto bien puede colmar un par de volúmenes y es, por lo tanto, difícil de sintetizar en una breve nota como la presente. Por lo que conviene empezar el relato de los principales acontecimientos con una referencia a los indicadores económicos fundamentales de los dos países:
Guyana tiene una superficie de 214,970 km²; la población asciende a 802 mil habitantes; el ingreso por habitante en 2022 fue de 18, 127 Euros; en tanto que el Índice de Desarrollo Humano señala que es pobre su calidad de vida.
La superficie de Venezuela es de 912, 0550 km²; la población es de poco más de 28 millones de habitantes; el ingreso por habitante en 2018 fue de 2, 895 Euros; y el Índice de Desarrollo Humano señala que tienen mala calidad de vida.
Históricamente Venezuela fue un país dotado de recursos de todo tipo.
En los albores del siglo diecisiete la Guyana -tierra de mucha agua- fue colonizada por los neerlandeses, quienes construyeron diques, plantaron caña de azúcar y sanearon la zona costera. Ante la negativa de los aborígenes a trabajar en las plantaciones de azúcar, los neerlandeses llevaron esclavos de África primero, y posteriormente los ingleses aportaron mano de obra de la India.
Los descendientes de ambos grupos -afroguyaneses e indoguyaneses- constituyen en la actualidad el grueso de la población del país, y sus diferencias y acuerdos definen la política de esa nación,
Los numerosos ríos, entre los que se encuentra el Esequibo, el más importante, tienen origen en las montañas del oeste y fluyen entre bosques tropicales poblados de gran flora y fauna.
La historia política europea influye de manera muy directa en Guayana. Las potencias que surgen después del siglo dieciocho, cuando España está en decadencia, meten la mano en la región del Esequibo. Portugal se quedará con las tierras al norte del Amazonas. Los ingleses, los holandeses y los franceses envían a sus piratas a los caminos de las selvas y a los ríos -escribe el historiador venezolano Guillermo Morón, en su Historia de Venezuela- en un intento de establecerse en la zona de manera definitiva. La Guayana Esequiba -holandeses, ingleses- no es más que el corolario de esa apetencia colonialista.
Asediado por las luchas de independencia de sus colonias de América Latina, el gobierno español no se dio abasto para impugnar en la Convención de Londres de 1814, el nacimiento de lo que hoy representa la querella entre Venezuela y Guyana. En la citada Convención los holandeses pasaron a los ingleses la Colonia Unida de Demerara, Essequibo y Barbice, la cual tenía al Río Esequibo como frontera oeste con la colonia española de Venezuela. Aunque España seguía reclamando la región, no impugnó formalmente el acuerdo, por la razón anotada arriba.
En 1840 el gobierno británico pidió al explorador alemán Robert Hermann Schomburgk que trazara un mapa de la Guayana británica, estableciendo sus límites. Por instrucciones de las autoridades británicas, Schomburgk comenzó la frontera occidental de la Guayana Británica con Venezuela en la desembocadura del río Orinoco, cuando todos los mapas venezolanos mostraban al Río Esequibo como frontera oriental del país.
Durante décadas Venezuela y Gran Bretaña se mantuvieron entre estira y afloja, hasta que en 1887 Venezuela rompió relaciones con Gran Bretaña y pidió ayuda a Estados Unidos. Gran Bretaña aceptó finalmente que un tribunal internacional arbitrara el asunto, en 1897, bajo presiones de Estados Unidos.
El tribunal, formado por dos británicos, dos estadounidenses y un ruso se reunió en París a estudiar el asunto y en 1899, en una decisión dividida de tres a dos, concedió el 94% del territorio en disputa a la Guayana Británica. Venezuela no quedó satisfecha con la decisión, naturalmente.
El Laudo Arbitral de París concedió a los británicos la soberanía sobre la zona objeto de controversia, otorgando a Venezuela sólo una porción de tierra en el sur y la desembocadura del río Orinoco. Venezuela no aceptó la sentencia del Laudo por considerar que estaba basado en falsa información cartográfica y documental. Georgettown persistió en la validez del Laudo y Caracas en la devolución de la Guayana Esequiba.
El Laudo fue denunciado por Venezuela en la ONU, en 1962, señalando que hubo vicios de procedimiento y considerando el fallo como “nulo e írrito”. Planteó la necesidad de revisar el estado de la reclamación venezolana. Era el momento cuando el Reino Unido preparaba la concesión de la independencia a la Guayana británica. La independencia se postergó hasta 1966, cuando Londres y Caracas acordaron la creación de una comisión mixta en la que incorporaron a representantes de la Guayana británica. Durante cuatro años buscaron una salida a sus diferencias.
En 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, en el cual el Reino Unido reconoce que existe una controversia sobre ese territorio. El mismo año, 1966, Guyana -con el nombre modificado- obtiene su independencia y se inicia una negociación directa entre ambos países por el diferendo territorial.
Dicho Acuerdo contempló también el escenario de que no se resolviera el diferendo territorial en los siguientes cuatro años, tal como ocurrió, y en cuyo caso se proponía la intervención del Secretario General de Naciones Unidas.
El Acuerdo de Ginebra suscrito por Venezuela y el Reino Unido en consulta con Guyana, en febrero de 1966, detalla los pasos a seguir para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, como consecuencia de la denuncia de Venezuela en la ONU sobre el Laudo Arbitral de París, por considerarlo “nulo e írrito”.
No cesó el diálogo y los debates sobre el tema, pero ningún de las partes cedía en propia postura.
El Secretario General de Naciones Unidas activó en 1989 las disposiciones del Acuerdo de Ginebra y del Artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y designó a Alister McIntyre como “Buen Oficiante”, es decir un facilitador designado por el Secretario General con la intención de acercar las posiciones de los actores en conflicto, en búsqueda de una salida pacífica a la controversia. A MacIntyre le sucedieron otras tres personalidades como “Buenos Oficiantes”.
Los “Buenos oficios” demostraron luego de casi treinta años que el avance era mínimo, casi nulo; y ante la negativa de Guayana a negociar, el Secretario General-en uso de sus facultades- traslada la resolución a las manos de un órgano de justicia: la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Venezuela se niega a participar en un juicio sobre el Esequibo ante la CIJ por considerar que el Acuerdo de Ginebra es clave para zanjar la disputa. Guayana insiste en que la demanda territorial de Venezuela es absurda y que el Laudo Arbitral de París de 1899 tiene validez legal.
Era esta la situación prevaleciente cuando el gobierno de Venezuela decidió realizar un referéndum consultivo el 3 de diciembre en curso, cuyos resultados eran previsibles. El riesgo radica en las medidas que tomará el gobierno de Nicolás Maduro para imponer su visión y su anhelo de crear una Guayana esequiba plenamente integrada en el territorio de Venezuela.
En efecto, tras conocer el resultado del referéndum, el Presidente Maduro dispuso, entre otras medidas, la creación de una nueva entidad federativa a través de la Ley Orgánica de la Guayana Esequiba, así como una Alta Comisión por la Defensa de la Guayana Esequiba.
No son pocos los analistas que señalan que el actual reclamo de Maduro es más bien un señuelo, visto que nada nuevo tiene qué ofrecer al electorado venezolano para las elecciones que tendrán lugar en 2024.
El presidente guyanés reaccionó señalando que se trataba de una amenaza directa a la integridad territorial y a la soberanía de Guyana, a más de constituir una violación a las Cartas de la ONU y la OEA. “Guyana intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su integridad territorial”, declaró el Presidente, e informó que las Fuerzas de defensa de Guyana se hallaban en estado de alerta.
La tensión generada por esas declaraciones trascendió a la comunidad internacional. Tuvo lugar entonces una serie de llamados a la contención de los dos países por parte de otros gobiernos, organizaciones y personalidades -como el Secretario General de las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia. El más eficaz, al parecer, fue la invitación del Presidente de San Vicente y las Granadinas, pues logró sentar a la mesa de diálogo -el jueves 14 de diciembre- a los dos mandatarios, quienes entre otras cosas, acordaron no intensificar el conflicto y a evitar incidentes en la frontera que se puedan considerar un ataque.
Hay que subrayar que es ése el mayor avance desde que se tensó la situación, lo mismo que la intención de continuar dialogando. Pero igual, ni Maduro ni Irfaan Ali mostraron la posibilidad de ceder en sus posiciones.
Algún día se escribirá la historia detallada de esta larga disputa. Se conocerán todos los argumentos, las intenciones y los hechos de todos los actores de este drama. En este momento es imposible saber cuál será el acuerdo final.
La vía legítima y apropiada para la solución del diferendo está prevista en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. Son varios los recursos que ofrece el Artículo 33 para la búsqueda de un arreglo pacífico. Agotados ya una serie de intentos, al parecer la vía disponible es la de la negociación. Pero de auténtica negociación, la que reconoce que negociar implica dar y recibir.
Venezuela no puede recibir tal cual lo que no ha poseído en más de un siglo y Guayana no puede aferrarse tercamente a un Laudo que, sabemos todos, fue un arreglo imperial, tramposo.
En una negociación internacional útil, suele ocurrir que ni todo se pierde ni todo se gana. La experiencia muestra que en una negociación provechosa, muchas veces ninguna de las partes queda plenamente satisfecha, pero acomoda los distintos intereses. La opción que a nadie conviene es la de la fuerza.
San Miguel de Allende, diciembre de 2023
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