La corriente migratoria de México hacia los Estados Unidos ha estado presente en la historia reciente de nuestro país. En el siglo XIX se trató de los nacionales que decidieron permanecer en aquel país después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Se puede aseverar que no se trató propiamente de una inmigración, sino que un desafortunado episodio histórico los dejó del otro lado de la nueva frontera.
El movimiento migratorio a territorio estadounidense se acentuó durante los años de lucha armada en el período conocido como Revolución Mexicana. El desarrollo del conflicto provocó, entre otras cosas, desempleo, abandono del campo, desaparición de actividades productivas, inseguridad y, sobre todo, hambre tanto en medios rurales como urbanos. Esa ardua situación determinó que grupos sociales integrados por campesinos, pequeños propietarios, comerciantes y otros damnificados por la guerra se movilizaran hacia los Estados Unidos en búsqueda de la seguridad y el porvenir que, en esos momentos, su país les negaba.
Desde esa época se identificó que las principales regiones expulsoras de población y mano de obra eran los estados en donde la guerra se prolongaba y los enfrentamientos armados eran constantes: Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Durango, Chihuahua y el Bajío, Guanajuato principalmente.
Por el otro lado, en los Estados Unidos, la doctrina económica del capitalismo se afianzaba y se extendía por todo el país. La construcción de vías férreas, el desarrollo de la agricultura en una modalidad empresarial, la industrialización en el norte y la red de infraestructura a nivel nacional, demandaban mano de obra de manera intensiva para asegurar ese modelo de crecimiento. De esta manera, se observó una coincidencia histórica que se tradujo, por un lado, en la creciente demanda de mano de obra por parte del capital norteamericano y, por el otro, la apremiante necesidad de trabajo y estabilidad por parte de los inmigrantes mexicanos.
Esta situación se mantuvo durante las siguientes décadas. La única anomalía ocurrió durante la llamada gran recesión económica que empezó en 1929 y se extendió durante algunos años de la década de los 30s, que obligó a la deportación masiva de mexicanos con el pretexto de la recuperación de plazas de empleo, ello con una fuerte carga de racismo.
El incesante desarrollo capitalista de los Estados Unidos y su intervención en la Segunda Guerra Mundial estimuló de nueva cuenta su necesidad inaplazable de mano de obra, principalmente en las actividades agrícolas y luego en el mantenimiento de los ferrocarriles. La economía estadounidense se convirtió en una de guerra y el abastecimiento de sus fuerzas armadas, el mercado interno y el mantenimiento de su infraestructura instalada se convirtieron en una prioridad.
En México se empezaba a apreciar que los postulados revolucionarios, particularmente el reparto agrario, no eran suficientes para dotar de empleo e ingresos a la población, la rural principalmente, y ya se registraban serios problemas de desempleo.
En esas circunstancias los gobiernos de México y de los Estados Unidos acordaron negociar y aprobar en agosto de 1942 el Convenio Internacional sobre Trabajadores Agrícolas Migratorios, conocido también como Programa Bracero, que tuvo vigencia hasta 1964. El programa empezó con la contratación de 4,200 braceros. Su punto más alto fue en 1956 con 445,100 trabajadores y cuando concluyó se contrataron 177,700 trabajadores.
Es muy importante dejar debidamente consignado que durante los 22 años de vigencia del Programa Bracero el sector académico e intelectual de nuestro país pareció mantenerse al margen de esta realidad. Las condiciones de expulsión de la mano de obra de su región de origen, las modalidades de su contratación, su permanencia en los Estados y las posibles secuelas que provocaría su repatriación parecieron no llamar la atención de especialistas e investigadores de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, del derecho y, mucho menos, de funcionarios públicos. Ni siquiera el hecho de que la vigencia del programa había alentado el fenómeno creciente de la inmigración no documentada, más numerosa y fuera de todo control oficial, que la comprendida en el convenio bilateral.
La inmigración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos se transformó en una situación un tanto perversa. Para la economía norteamericana era solamente un factor contribuyente, y ya no tan necesario, para la expansión de su sistema capitalista. Para la parte mexicana era una válvula de escape al problema de desempleo. Por sus características esta corriente migratoria constituía un reflejo del fracaso de políticas y programas gubernamentales y parecía que era más cómodo no ocuparse de ello.
No debe sorprender entonces que durante los años 50s y 60s muy pocos autores se ocuparon del movimiento migratorio de trabajadores a los Estados Unidos. Don Manuel Gamio le dedicó algunos artículos al problema, mismos que fueron publicados en la revista Problemas Agrícolas e Industriales de México. Este autor también publicó “El Inmigrante Mexicano” editado por la UNAM en 1969. Por la parte oficial el embajador Luis G. Zorrilla preparó dos cuadernillos intitulados “La Emigración de Braceros y la Economía Nacional” y “La Emigración de Braceros Mexicanos a los Estados Unidos”, ambos editados por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1963 y 1964 respectivamente.
En cambio en el medio académico norteamericano el caso despertó mayor interés en profesores e investigadores de universidades de ese país. Los profesores Van Hecke, Clar y Lucey de la Universidad de Texas publicaron “Los Trabajadores Migratorios en la Agricultura Americana” en 1952; el doctor Ernesto Galarza de la Universidad de California ( tal vez el pionero en la materia ) publicó “Merchantsof Labor, The Mexican Bracero Story” en 1964; con anterioridad este autor publicó el artículo “Trabajadores Mexicanos en Tierra Extraña”, que apareció en la revista Problemas Agrícolas e Industriales de México en 1958; otro académico, especialista en el tema, el doctor Julian Samora, de la Universidad de Notre Dame, publicó “Espaldas Mojadas: The Wetback Story” en 1970; el doctor Raymond Vernon publicó en 1970 “El Dilema del Desarrollo Económico de México”; y el profesor Carey Mc Williams escribió “North From Mexico” en 1948.
En ese ambiente de indiferencia, falta de interés y hasta de cierto elitismo con respecto al problema de la inmigración indocumentada a los Estados Unidos que prevalecía en las instituciones de educación superior en nuestro país y el hecho de que el asunto no figuraba propiamente en los programas de trabajo de la administración pública, ni en la agenda del Poder Legislativo, ni en las plataformas de los partidos políticos, surge la figura del doctor Jorge A. Bustamante como la del especialista en ciencias sociales que proponía el estudio amplio y multidisciplinario del problema, no sólo para tratar de contenerlo y luego intentar su resolución, sino también para atender una vieja contradicción del sistema político mexicano y resolver esa injusticia social.
El doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández nació en 1938, oriundo de Chihuahua, se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1966. Posteriormente, entre 1970 y 1975, realizó los estudios de maestría y doctorado en sociología y antropología en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Su investigación para obtener el grado de doctor se intituló “Espaldas Mojadas: Materia Prima para la Expansión del Capital Norteamericano”, fue dirigida por el profesor Julián Samora, y fue publicada en forma de libro por El Colegio de México en 1975. Esa tesis fue considerada un trabajo clásico en la disciplina, ya que explicó la contradicción entre países con poco capital para invertir y otros con oferta de trabajo.
Fueron numerosas las actividades magisteriales y académicas del doctor Bustamante a lo largo de 46 años de carrera como profesor e investigador. Fue maestro e investigador de tiempo completo en El Colegio de México, profesor en las facultades de Ciencias Políticas y de Derecho de la UNAM, maestro en las universidades de Notre Dame, Texas ( Austin ) y California ( Riverside ) en los Estados Unidos y en el Institut d´Etudes Politiques de Paris.
En consecuencia con sus inquietudes y convicciones el doctor Bustamante fue fundador y primer presidente del COLEF ( Colegio de la Frontera Norte ), institución dedicada al estudio e investigación de los temas fronterizos y sociales, particularmente la inmigración. Este colegio se estableció en Tijuana, en agosto de 1982. De manera informal pero convencida el doctor se definía a sí mismo como un “fronterólogo”.
Algunas de las distinciones académicas y reconocimientos que recibió el doctor Bustamante durante su trayectoria como profesor, investigador y especialista fueron: premio nacional de ciencias en 1988, premio nacional de demografía en 1994, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), premio nacional de ciencias y artes, premio estatal de Baja California de ciencia y tecnología, reconocimiento de la Fundación Bilbao Vizcaya, premio de la Asociación Norteamericana de Sociología y reconocimiento en ciencias sociales del Instituto Tecnológico de Monterrey.
El doctor Bustamante fue investigador nacional emérito por el CONACYT, profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, miembro de la junta del Center for Migration Studies de esa institución, miembro de la Faculty Fellow del Kellogg Institute of International Studies de esa universidad, relator especial de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y en 2006 el Congreso de la Unión presentó su candidatura al premio Nobel de la paz. También fue corresponsal para México del Sistema de Información y Estudios de las Migraciones Internacionales de la OCDE, publicó más de 200 trabajos sobre migraciones internacionales, derechos humanos y asuntos fronterizos en ediciones de México, Estados Unidos, España, Venezuela, Alemania, Francia, Italia y Japón. Como articulista editorial colaboró en diarios nacionales como Milenio, Excelsior y Reforma.
A pesar de las altas calificaciones académicas del doctor Bustamante y de la experiencia ganada en la observación de los temas fronterizo y de los trabajadores migratorios indocumentados, la introducción y la difusión de estos asuntos en el medio académico nacional no fue cosa fácil. En los primeros años de la década de los 70s prevalecía, como ya se dijo líneas atrás, un ambiente de cierto elitismo cultural en algunas instituciones de educación superior. En el caso de El Colegio de México, centro de interés para el doctor, el tema no llamaba la atención, se tenía la impresión de que era un asunto de corte agrario, que no incidía ni en el diseño de la política exterior, ni en la ejecución del plan de desarrollo nacional. El llamado programa bracero había terminado en 1964 y sus consecuencias tendrían que ser atendidas por algunas dependencias del gobierno federal. No era un tema para incorporarlo al programa de estudios del colegio.
Para 1976 el doctor Bustamante ya era profesor e investigador en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Para esa época ya había trascendido su trabajo intitulado “Espaldas Mojadas: Informe de un Observador Participante” (un capítulo de su tesis doctoral), que fue publicado por la revista de la UNAM en 1973. Esta publicación recogió su experiencia como trabajador migratorio indocumentado. En una modalidad que podría ser vista como el trabajo de campo de un sociólogo, el doctor adoptó la personalidad de un “mojado”, se trasladó a Reynosa, Tamaulipas, buscó y contrató los servicios de un “pollero”, cruzó subrepticiamente la frontera por el río Bravo, llegó junto con otros indocumentados a los campos algodoneros del Valle de Texas, se contrató como jornalero en condiciones de explotación y humillación y una vez que reunió y clasificó información para su investigación doctoral regresó a México.
En su etapa como profesor e investigador en El Colegio de México el doctor acuñó el concepto de frontera como un espacio relacional con interacciones fronterizas de distinto orden, marcadas por la asimetría ya que respondían a lógicas nacionales y a relaciones empíricas regionalmente localizadas entre ambos países. Para el doctor la frontera era un espacio de asimetría y desigualdad.
Un comentario inherente al doctor Bustamante que vale la pena recoger es el de la doctora Chantal Lucero Vargas, investigadora del COLEF, quien señaló que mientras los estudios se enfocaban a las localidades de origen o de destino, Bustamante se enfocó en el cruce clandestino, en la movilidad circular y en el control fronterizo por parte de los Estados Unidos. Bustamante buscaba explicar el impacto del cierre de la frontera para los migrantes pobres sin documentos.
Hacia principios de los años 70s prevalecía el concepto de que solamente un instrumento jurídico bilateral podría sentar las bases para resolver el problema de la inmigración indocumentada a los Estados Unidos. En consecuencia, en medios de la administración pública federal se vigorizó la idea de proponer al gobierno norteamericano la negociación y aprobación de un nuevo convenio de trabajadores migratorios, recuperar el programa bracero. Este criterio legalista fue sostenido principalmente por las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Trabajo y Previsión Social. En ninguna de esas dependencias del Ejecutivo Federal se tomaba en cuenta que el problema se originaba por la falta de ocupación remunerada en el campo, por la atomización del ejido, por el crecimiento de la población rural, por las contradicciones económicas y sociales que ya se hacían presentes en distintos sectores de la población y, finalmente, por el fracaso de las políticas gubernamentales en materia de empleo, productividad, creación de polos de desarrollo, control del crecimiento demográfico y ampliación de la justicia social.
Por insólito que parezca la posición hasta entonces oficial del gobierno de México se hizo extensiva al medio académico. Ni en la UNAM ni en El Colegio de México existía una asignatura que abordara el problema desde otros ángulos que no fuera el jurídico. No se dedicaban investigaciones a esta materia. En los programas de relaciones internacionales se abordaba el tema ( frontera y migración ) como parte del estudio de los vínculos entre México y Estados Unidos. Los académicos concluían que la solución se encontraba en un nuevo convenio de braceros.
El entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo, tenía otra interpretación del asunto. Compartía el enfoque y la propuesta del doctor Jorge A. Bustamante y por ello acercó al académico con el presidente Luis Echeverría Álvarez, a quien le explicó sus puntos de vista, los resultados de sus estudios y observaciones, el origen del problema y las serias implicaciones que tendría para el diseño y ejecución de la política exterior, ya que la parte norteamericana podría llegar a manejar el convenio bilateral de acuerdo a sus intereses, manipular la cuota de trabajadores a contratar y mantener la amenaza latente de denunciar el convenio cuando les conviniera.
El presidente Echeverría Álvarez entendió completamente la naturaleza del problema y fijó la posición de su gobierno al respecto. No se propondría a los Estados Unidos la negociación de un nuevo acuerdo de trabajadores migratorios. La solución tendría que ser interna, reteniendo a la fuerza de trabajo en su lugar de origen, creando polos de desarrollo regionales, sin buscar nuevos compromisos para la política exterior.
La reacción en Relaciones Exteriores y Gobernación fue un tanto de fastidio. Se debe tomar en cuenta que eran tiempos de sucesión presidencial y el titular de Gobernación era el pre candidato que más posibilidades parecía tener para suceder al presidente de la república y él era un decidido partidario de la propuesta de renovar el programa de braceros, criterio que se había hecho extensivo a Relaciones Exteriores por razones de identificación política con el secretario de Gobernación y por la práctica histórica de la cancillería de buscar soluciones a problemas por la vía jurídica.
En esta parte de la presente reminiscencia dedicada al doctor Bustamante es importante destacar que él, como profesor, como experto y como ciudadano, fue un escéptico de la actuación de la Secretaria de Relaciones Exteriores y del servicio consular durante la vigencia del acuerdo de trabajadores migratorios. Él cuestionaba el tratamiento que le dio la Cancillería mexicana al fenómeno de la inmigración no documentada y ponía en tela de juicio las labores de protección consular que debieron ejercer los cónsules mexicanos para defender los derechos de los connacionales como migrantes y trabajadores.
El doctor Bustamante recordaba con indignación los casos en que los funcionarios consulares mexicanos se habían mostrado ausentes en situaciones de explotación, abusos, humillaciones, racismo y deportaciones sufridas por mexicanos. Para el doctor resultaba altamente sospechoso que los trabajadores mexicanos fueran despedidos sin el pago correspondiente, denunciados por el patrón a las autoridades migratorias y deportados, sin respetar sus derechos humanos y laborales y todo ello sin la intervención de algún representante consular mexicano. Para complicar aún más esta situación dolorosa, el nacional mexicano deportado debía padecer el maltrato, la corrupción y la humillación por parte de las autoridades migratorias y aduanales mexicanas.
Una vez que se fijó la posición oficial del Gobierno de México en relación con el movimiento migratorio de trabajadores a los Estados Unidos, la Presidencia de la República dispuso la instalación de una Comisión Intersecretarial para el Estudio de los Problemas Derivados de la Corriente Migratoria de Trabajadores Mexicanos a Estados Unidos de América. Esta comisión funcionó bajo la coordinación de la Secretaria de Relaciones Exteriores y reunió a representantes de Gobernación, Trabajo y Prevención Social, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria. Por instrucciones del presidente Echeverría esta comisión recibió la participación del doctor Bustamante, a pesar del argumento de que no era funcionario público y que no representaba a ninguna dependencia oficial.
Al inicio de la administración de José López Portillo y cuando el secretario de Relaciones Exteriores era Santiago Roel la comisión cesó en sus funciones y en algunas notas de prensa apareció la versión de que Roel consideraba la creación de una dirección general para asuntos de trabajadores migratorios y que la titularidad de la oficina sería ofrecida al doctor Bustamante. Con el buen humor y la sencillez que lo caracterizaban el doctor comentó que él no había recibido ningún ofrecimiento, que en su opinión no era recomendable abrir una dirección general para atender el tema, que debería ser la oficina de asuntos consulares la que tendría que sensibilizarse e incorporar el asunto a su programa de trabajo y finalmente que “él no cambiaba de caballo a la mitad del rio”.
En realidad, por esas fechas, el doctor Bustamante ya trabajaba en el proyecto de crear una institución de estudios superiores e investigación, a semejanza de El Colegio de México, para que se ocupara de la observación y análisis de la realidad fronteriza, particularmente del movimiento migratorio indocumentado a los Estados Unidos. Se puede recordar que en esa época también se crearon instituciones similares como El Colegio de Michoacán y El Colegio de Jalisco.
Un aspecto en el que el autor del presente trabajo no coincidió con el doctor Bustamante fue en su decisión de acercarse al gobierno de Carlos Salinas de Gortari para buscar el respaldo oficial y los recursos suficientes para establecer el COLEF y abrir su sede de Tijuana. Sin embargo, se puede deducir que fuera de consideraciones políticas e ideológicas, el doctor recurrió al pragmatismo del académico para sacar adelante sus planes y consolidar su proyecto.
En apego a sus convicciones y a sus compromisos como investigador en materia de movimientos migratorios, Bustamante presentó una fuerte exigencia a la administración de Felipe Calderón para que se ofreciera una explicación oficial por la muerte de 72 migrantes centro y sudamericanos ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010.
En 2019 el doctor Bustamante se retiró como profesor de la universidad de Notre Dame y limitó sus actividades a la asesoría de tesis en el COLEF. En esta parte cabe destacar que el doctor dirigió 9 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 3 de doctorado, entre ellas la que presentó el autor de este trabajo para obtener la licenciatura, intitulada “El Replanteamiento de los Convenios de Trabajadores Migratorios con Estados Unidos: Una Contradicción a la Tendencia Independiente de la Política Exterior de México “.
El doctor Jorge A. Bustamante falleció el 25 de marzo de 2021 en Tijuana, Baja California.
El autor de esta semblanza fue discípulo y colaborador del doctor Bustamante. Fueron muchas las enseñanzas y experiencias recibidas. La más importante, sin duda alguna, fue la de entender lo que representa el trabajador migratorio mexicano: una expresión del fracaso de los programas gubernamentales para asegurar a la población el acceso al empleo, a un ingreso digno y suficiente y a la justicia social.
“Hay académicos que se olvidan de
ser humildes. Para estudiar a los
más necesitados, como es la población
migrante, se debe ser humilde. Ellos, los
migrantes, han pasado por experiencias
que ni siquiera podemos imaginar.”
Doctora Chantal Lucero Vargas.
Everardo Suárez Amezcua. Julio de 2021.
Dejar una contestacion