Introducción
El continente americano se ha constituido como uno de los escenarios más importantes de hipermovilidad, en el que converge una diáspora global en tránsito integrada por flujos mixtos continuos que cruzan de forma irregular las fronteras de la región en diversas modalidades. En este contexto, el corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos es el más grande del mundo.
A pesar de que las dimensiones y continuidad de esta crisis humanitaria interpela las competencias de todos los países del continente, los niveles de responsabilidad, presión e impactos del fenómeno migratorio no han sido asumidos en condiciones de equidad por los Estados de la región ni con un compromiso real e integral para generar políticas efectivas que atiendan estos flujos durante su tránsito y estancia en cada país y, mucho menos, para abordar sus causas estructurales.
Al consolidarse cada vez más como un país de destino y ser catalogado como el tercer país en el mundo con el mayor número de solicitantes de asilo, sólo por detrás de Estados Unidos y Alemania, México enfrenta un reto para gestionar eficientemente la migración irregular masiva que ingresa por su frontera sur y las expulsiones de personas extranjeras desde Estados Unidos, además de su correlato para lograr una atención plena a la población refugiada y con necesidades de protección internacional en territorio nacional.
A pesar de que el gobierno de México ha realizado un cambio de paradigma en las bases de su política migratoria, al posicionar un enfoque humanista -que coloca en el centro la persona migrante y el desarrollo social y económico como principal fundamento de la movilidad humana segura, ordenada y regular- todavía falta materializar soluciones concretas y duraderas para los complejos desafíos que representa el fenómeno migratorio a nivel local, nacional, regional y global. Hacer de la migración “una opción y no una obligación” es un ideal que implica un proceso largo y comprometido invariablemente bajo el principio de la responsabilidad compartida.
Al respecto, en tiempos de definición de políticas públicas en esta materia y ante los nuevos retos que representarán las nuevas políticas migratorias de la administración del Presidente Trump en los Estados Unidos, se desarrolla a continuación una propuesta cimentada en dos objetivos fundamentales. En primer lugar, analizar las dinámicas migratorias persistentes en México y la región, así como su vinculación con las políticas implementadas para gestionar estos procesos y sus consecuencias. En segundo lugar, se plantean recomendaciones para que el Estado mexicano enfrente los desafíos de esa realidad, ello a partir de la continuidad de ciertos marcos legislativos y de la política migratoria de la pasada administración con visos de continuación en este sexenio. Ineludible será también la identificación de potenciales áreas prioritarias y de oportunidad en la detonación de nuevas acciones que optimicen y garanticen la gestión integral de la migración a nivel interior y hemisférico.
Las recomendaciones incluidas se sustentan en la necesidad de consolidar un plan articulado para gestionar de manera integral los flujos migratorios que ingresan y se encuentran en situación de destino o de tránsitos cada vez más prolongados en territorio mexicano. Se subsume la vinculación estratégica con distintos sectores y niveles en la agenda migratoria nacional para maximizar las capacidades de atención del Estado mexicano. También se reconoce la responsabilidad compartida como el principio básico de la gobernanza migratoria regional y global, proponiendo que México sea promotor de una agenda internacional conjunta que, en función de los contextos y capacidades particulares de cada país, asigne acciones y compromisos concretos a los Estados de la región en materia de movilidad humana.
- El corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos
El corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos, incluye desafíos con dimensiones regionales y complejas. Está compuesto tanto por personas migrantes centroamericanas como por migrantes suramericanos, caribeños y extracontinentales que llegan a gran escala a las fronteras de México y Estados Unidos a fin de ingresar de manera irregular (en la mayoría de las ocasiones por zonas de alto riesgo) y de regularizar su situación migratoria y/o solicitar refugio, dinámicas que han rebasado constantemente el entramado institucional del Estado mexicano en la materia.
El boletín estadístico anual de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[1] refirió que 2023 fue el año con el mayor número de eventos de personas en condición migratoria irregular del que se tenga registro en México (782,176). Ese año se superaron las cifras récord alcanzadas en 2021 (309,692) y 2022 (441,409), con la presencia de un alto número de mujeres (incluso embarazadas y lactantes), niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, integrantes de pueblos indígenas, personas con discapacidades y enfermedades crónicas, y personas LGBTQ+, entre otros grupos en condiciones complejas de vulnerabilidad.
Por otra parte, de acuerdo con un monitoreo realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2023, más de la mitad de las personas migrantes que ingresan irregularmente a México huyen de la violencia, la inseguridad y amenazas en sus países de origen[2].
Aunque la mayoría de esos casos corresponde a nacionales de Centroamérica (predominantemente de El Salvador, Guatemala y Honduras), en los últimos años se ha observado un aumento significativo en la migración irregular de nacionales de Venezuela, Ecuador, Haití, Cuba, Colombia, Perú, Brasil, países de África, China e India, que en su mayor parte han ingresado vía terrestre por la frontera sur de México. Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que, de enero a mayo de 2024, 1’393,683 personas extranjeras viajaron en condición migratoria irregular por territorio mexicano.[3] La mayoría eran hombres adultos (738,270), en núcleos familiares (154,291) y niñas, niños y adolescentes no acompañados (2,992). En comparación con las cifras anteriores, de enero a abril de 2024, el ‘Tablero de estadística sobre movilidad y migración en México’ de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) registró 481,025 personas extranjeras en situación migratoria irregular[4].
Los datos históricos de la migración irregular se han replicado en la frontera de México con Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país reportó que el año Fiscal 2023 representó el de mayor número de ‘encuentros’ en la frontera con México (eufemismo utilizado para referirse a las detenciones de personas que cruzan de manera irregular la frontera), con un registro de 2’475,669 eventos, número 4% mayor al registrado para el Año Fiscal 2022 y 42.7% superior al del Año Fiscal 2021[5].
A partir de la información reportada por las autoridades estadounidenses, la OIM señaló que los encuentros terrestres registrados durante 2023 en la frontera sur de Estados Unidos se incrementaron116% con respecto a los niveles alcanzados en 2019.[6] Así, en diciembre de 2023 se habría registrado un máximo histórico de encuentros por mes (302 mil) y los principales países de nacionalidad identificados en los encuentros de ese año fueron México, Venezuela, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Cuba, Haití y El Salvador.
- El problema en una cáscara de nuez
A pesar de que la dimensión de esta crisis humanitaria interpela las competencias de todos los países del continente, los niveles de responsabilidad no han sido asumidos en condiciones de equidad por todos ellos. No es visible un compromiso real e integral para generar políticas efectivas para atender a estos flujos durante su tránsito y estancia en cada país y, mucho menos, para abordar sus causas estructurales.
Por ejemplo, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá[7], aproximadamente 134 mil personas migrantes cruzaron el ‘Tapón del Darién’ en 2021, principalmente haitianas y cubanas. Dicha cifra se duplicó a casi 250 mil en 2022, con un incremento notable de personas migrantes venezolanas y ecuatorianas, y superó los 520 mil en 2023. Hasta mayo de 2024, se había calculado el cruce de más de 170 mil personas migrantes.
Al respecto, el gobierno panameño ha implementado una ‘política de flujo controlado’, basada en facilitar el traslado terrestre de estas personas migrantes de su frontera sur a su frontera norte con Costa Rica a fin de que puedan continuar su tránsito, en vez de brindar alternativas de acogida, integración o retorno a dicha población migrante.
Esta política del gobierno panameño recientemente se transformó en una gestión más restrictiva de contención de los flujos en su frontera con Colombia. El pasado 1º de julio de 2024, Estados Unidos y Panamá suscribieron un Memorándum de Entendimiento para deportar vía aérea a las personas migrantes que ingresen a territorio panameño por el Tapón del Darién. Este acuerdo contempla el financiamiento de 6 millones de dólares que se utilizará para cubrir los gastos de los vuelos de retorno, así como programas de entrenamiento y asistencia técnica a las autoridades panameñas.
En el caso de Costa Rica, la práctica es similar a la panameña: es conocida la facilitación del transporte de grupos de migrantes desde la frontera con Panamá a la frontera con Nicaragua, en donde se ha documentado que las personas pagan hasta 150 dólares por un ‘salvoconducto’ para atravesar ese país.
- México ante el reto de las expulsiones de personas extranjeras desde Estados Unidos y de los mexicanos en retorno
México enfrenta un reto ingente para gestionar de manera eficaz la migración irregular masiva que ingresa por su frontera sur, además del arribo de personas extranjeras que son expulsadas desde Estados Unidos. De acuerdo con los registros de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Operaciones de Campo de Estados Unidos, de marzo 2020 a mayo de 2023, fueron expulsadas 2’906,286 personas desde ese país a México bajo Título 42.[8]
Tras el fin de dicha política, las expulsiones de personas no mexicanas desde los Estados Unidos a territorio nacional han continuado bajo el Título 8, después de que las autoridades mexicanas aceptaron recibir a través de dicho proceso, a nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con marcadas inconsistencias en los registros reportados al respecto por los gobiernos de ambos países.
Como ejemplo de lo anterior, Blas Nuñez-Neto, alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señaló que entre mayo y septiembre de 2023, habían sido devueltas o expulsadas a México 21 mil personas no mexicanas;[9] mientras el INM reportó al Instituto para las Mujeres en la Migración en una solicitud de acceso a la información que, del 11 de mayo al 24 de noviembre de 2023, que México había recibido a 19,561 personas hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas, venezolanas, cubanas, nicaragüenses y haitianas bajo esta categoría. Por su parte, la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) refirió que entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, 65 mil personas extranjeras deportadas habían sido transportadas por agentes del INM en autobús o avión al sur de México.[10]
Es necesario señalar que, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado que los traslados de estas personas migrantes se han realizado sin una evaluación previa de sus necesidades de protección internacional y sin que las autoridades de los dos países les brinden información o alternativas para solicitar asilo, protección complementaria u otro esquema de regularización migratoria, así como un gran número de casos de personas que son regresadas sin ningún documento de identidad ni recursos, colocándolas en situación de vulnerabilidad que dificulta su acceso a servicios básicos y asistencia consular en territorio mexicano.
Además de encargarse de gestionar la diversificación de los flujos mixtos que llegan, transitan y son expulsados de manera permanente y en masa a nuestro país, el gobierno de México continúa atendiendo a la población mexicana que es repatriada. Si bien en 2023 el número de casos de deportaciones de personas mexicanas desde Estados Unidos disminuyó un 17% en relación con los registros de 2022, fue 13% superior del promedio de casos contabilizados entre 2019 y 2021.[11] De ese año a 2023, se registraron 633,538 eventos de deportación de personas mexicanas desde Estados Unidos[12] a través de los 12 puntos de repatriación en la frontera norte del país y los Puntos de Repatriación al Interior de México (PRIM).
Históricamente, nuestras políticas de retorno se han enfocado en la recepción de la población mexicana deportada, pero los mecanismos establecidos en la materia han enfrentado dificultades para afrontar los retos que en materia jurídica, laboral, administrativa, socioeconómica, cultural, de salud y reunificación familiar han existido en torno a los procesos de reintegración de esta población y el ejercicio de sus derechos fundamentales en el país, lo cual las ha dejado expuestas a condiciones de vida precarias, contextos de violencia y discriminación, y, con frecuencia, han derivado en el reinicio de su ciclo migratorio hacia Estados Unidos.
- Soluciones en México y en la región
Al consolidarse cada vez más como un país de destino, México ha sido catalogado como el tercer país en el mundo con el mayor número de solicitantes de asilo, sólo por detrás de Estados Unidos y Alemania. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 389,840 personas extranjeras solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado entre 2021 y 2023, principalmente provenientes de Haití, Honduras, Cuba, Venezuela y El Salvador. De dicha cifra, 105,448 recibieron una resolución a su trámite, de las cuales, el 71% fue reconocida positivamente (condición de refugiado y protección complementaria). En este periodo, la COMAR registró un rezago del 73% en la emisión de resoluciones, lo que significa que esa Comisión tuvo una capacidad de respuesta sólo del 27%.
No obstante la cifra de rezago y los desafíos en materia de políticas efectivas de integración de la población reconocida como refugiada en México, es menester reconocer que nuestro país ha asumido las mayores consecuencias de la afluencia a gran escala de población con necesidades de protección internacional en su territorio, en contextos de una carente distribución verdaderamente equitativa de la carga y las responsabilidades recomendada entre los Estados parte de la cadena migratoria para situaciones de desplazamientos masivos, crisis humanitarias, flujos mixtos, transfronterizos y complejos, como las que se presentan en la región.
Por ejemplo, la Ficha Técnica ‘Sistema de asilo en Panamá enero-noviembre de 2023’, publicada por el ACNUR, señala que en 2022, la Oficina Nacional para la Atención a Refugiados de Panamá sólo admitió 11 casos de solicitantes de la condición de refugiado (en 2021, fueron admitidos sólo cuatro casos), de los cuales, ocho fueron reconocidos y uno fue negado, así como que el tiempo promedio que le tomaba a dicha Oficina decidir la admisibilidad de la solicitud podía durar más de tres años. En ese mismo sentido, información reportada por el gobierno de Costa Rica señaló que entre 2018 y 2022, ese país recibió 222,056 solicitudes de refugio; de esta cifra, 172,689 estaban pendientes de resolver (lo que representa un rezago del más del 77%[13]).
Para ilustrar de mejor manera la inequidad de los sistemas de asilo en la región, se destaca que, según datos del Banco Mundial[14]correspondientes a 2023, la suma de las solicitudes de asilo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia (29,116) equivalen al 20.6% del total de casos registrados por la COMAR en México (141,053) en el mismo año.
- La política migratoria mexicana: tiempo de acciones concretas y congruentes
El gobierno de México ha realizado un cambio de paradigma en las bases de su política migratoria, al posicionar un enfoque humanista que coloca en el centro a la persona migrante y el desarrollo social y económico como principal fundamento de la movilidad humana segura, ordenada y regular,empero se observan pendientes para hacer una realidad una estrategia de largo alcance para atender los desafíos del fenómeno migratorio a nivel local, nacional, regional y global.
En este sentido, es fundamental reconocer que no es sostenible una política migratoria prioritariamente basada en la narrativa de la atención a las causas estructurales de la migración forzada. Esto porque la contingencia migratoria actual requiere de acciones urgentes en el corto plazo y porque esa política es, en el mejor de los casos, una aspiración de largo plazo que requiere inversiones multimillonarias para el desarrollo de proyectos destinados al fomento del empleo, mejoramiento de los servicios de salud y seguridad pública, variables innatas en cualquier fenómeno migratorio.
Al respecto, Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Política Migratoria de Washington, refirió que no sería posible esperar cambios considerables respecto a las condiciones en los países de origen y la reducción de la migración forzada en uno o dos años, incluso si se tuviera la capacidad de inversión para hacerlo. Ello porque para que este tipo de programas sean efectivos se requeriría una agenda sostenida de cooperación con los gobiernos de la región, que considere la inversión del 10% del PIB del país receptor por un tiempo mínimo de 10 años.
En sintonía con lo anterior, se destacan las estimaciones que hacía la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2020 respecto al financiamiento que se requería para la ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo Integral (PDI), el cual tenía como objetivo principal la atención de las causas estructurales de la migración a través de la implementación de proyectos de infraestructura y de producción. En enero de 2020, la CEPAL estimaba que la ejecución del PDI requería de una inversión de 145 mil millones de dólares.
Por consiguiente, las recomendaciones que se señalan en este documento sustentan como premisa principal la importancia de consolidar un plan articulado para gestionar integralmente,y en el corto plazo, los flujos migratorios que ingresan y se encuentran en situación de destino o de tránsito cada vez más prolongados en territorio mexicano. Esto considera además la vinculación estratégica con distintos sectores y niveles en la agenda migratoria nacional para maximizar las capacidades de respuesta del Estado mexicano ante el fenómeno migratorio. Conlleva, además, el cumplimiento cabal de la responsabilidad compartida como principio básico de la gobernanza migratoria regional y global. El propósito es convertir a México en el promotor principal de una agenda internacional conjunta que asigne acciones y compromisos concretos a los Estados de la región en materia de movilidad humana, en función de los desafíos colectivos y los contextos particulares que cada país afronte.
- Eliminar duplicidad de iniciativas
Ante el reciente anuncio de la renovación del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) para ratificar a este mecanismo como la instancia coordinadora de las políticas, programas y acciones que en la materia ejecutan las dependencias gubernamentales, es fundamental replantear las bases de la estrategia de la Comisión, promover su relanzamiento y retomar su propósito original de brindar atención prioritaria al incremento de la migración irregular en tránsito por territorio mexicano (y eventual destino).
Este fue un logro significativo en los primeros años del gobierno del presidente López Obrador ya que posicionó la gestión del tema mediante un mecanismo articulado y especializado, que en otras administraciones había sido insuficiente y desarticulada, sin representar mayores impactos y trascendencia a nivel nacional. No obstante, dicho logro se ha visto trastocado con la implementación del Modelo Mexicano de Movilidad Humana, que, al incluir en el espectro de atención a los mexicanos en retorno, también duplicó esfuerzos de otros mecanismos ya establecidos en la materia, por ejemplo, la Mesa Interinstitucional para la Atención Integral de las Familias Mexicanas en Retorno.
Si estos mecanismos ya cuentan con objetivos, recursos, infraestructura institucional, grupos y planes de trabajo muy específicos respecto a la población objetivo que atienden, es imprescindible que la CIAIMM, en vez de replicar sus tareas a través de su estrategia y en calidad de instancia coordinadora en materia migratoria, restablezca procesos de vinculación con dichos instrumentos a través de sesiones periódicas para el intercambio de buenas prácticas, resultados y áreas de oportunidad respecto a la atención y protección de las poblaciones objetivo de cada instancia. Esto permitirá no sólo cubrir de manera más efectiva los múltiples propósitos, necesidades e intereses en materia migratoria y evitar la duplicación de esfuerzos, sino también optimizar el uso de recursos financieros y humanos destinados para la atención del fenómeno migratorio en todas sus dimensiones.
- Un programa efectivo de Regularización Migratoria
Por otra parte, es ineludible que la política migratoria mexicana en este sexenio contemple como punto nodal el diseño e implementación efectiva de un programa de regularización migratoria, el cual se encuentre apuntalado en el andamiaje jurídico vigente, el ciclo presupuestario y las capacidades institucionales del país. Al respecto, resulta clave que dicho programa visibilice la población migrante que se encuentra irregularmente en territorio nacional, erradique las causas y consecuencias de su criminalización y garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Por ello, se recomienda establecer en el marco de la CIAIMM mesas técnicas de trabajo dirigidas a desarrollar un programa alternativo de regularización migratoria para que las personas migrantes en situación irregular en México cuyos casos no sean elegibles para beneficiarse de una figura de protección internacional y deseen permanecer en México, puedan obtener una estancia migratoria regular temporal con la opción de acceder a un programa de integración laboral, y, con ello, evitar que la capacidad operativa de la COMAR se vea rebasada por atender solicitudes de personas que no cumplen con los criterios de elegibilidad del perfil de asilo.
Una decisión como esta, además de sacar de la clandestinidad a la población migrante en situación irregular en el país y de darles seguridad jurídica, ampliaría el fondo político y moral del Estado mexicano para demandar la regularización de mexicanos en los Estados Unidos.
- Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Internacionales
De manera paralela, resulta indispensable incrementar y mejorar la gestión de recursos provenientes de organismos internacionales, fondos fiduciarios, agencias de cooperación y financiamiento privado para fortalecer el sistema de asilo mexicano. Estos recursos deben ser dirigidos a consolidar la infraestructura operativa de la COMAR y a proyectos específicos que optimicen la atención, protección e integración de las personas solicitantes de asilo, reconocidas con la condición de refugiado y sujetas de protección complementaria.
Bajo esa misma esencia articuladora que define a la CIAIMM, es impostergable maximizar la buena interlocución de la Comisión con las oficinas en México de organismos financieros internacionales, agencias humanitarias y organizaciones de la sociedad civil, academia y gobiernos locales, cuyos respectivos planes de trabajo y esfuerzos, muchas veces pareciera que nunca logran intersecarse provechosamente. Por ello, resulta indispensable hacer de la CIAIMM el espacio para concertar agendas y objetivos comunes entre los actores de distintos sectores y niveles, con el propósito de implementar una ruta de acción integral y potenciar la coordinación existente para la asistencia humanitaria y protección de personas en contextos de movilidad en todo el país, especialmente en las regiones fronterizas norte y sur, así como la alta afluencia de dicha población en la Ciudad de México.
- Nuevo Liderazgo Hemisférico de México
En el plano hemisférico, es necesario reposicionar el liderazgo de México en la gobernanza migratoria regional, autoridad que se fue desvaneciendo a partir de 2022. Particularmente, resulta imprescindible fortalecer la presencia en los principales foros políticos en la materia (Conferencia Regional sobre Migración (CRM), Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), la Conferencia Suramericana sobre Migraciones y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Todo ello a fin de impulsar una agenda regional que trascienda la implementación de medidas conjuntas en ciertas coyunturas, y que constituya una iniciativa integral homologada que perfile acciones concretas con las que los países de origen, tránsito, destino y retorno —desde el sur, centro y norte del continente— dirijan esfuerzos coordinados para ordenar y hacer seguros los flujos mixtos en tránsito, así como para mitigar las causas y consecuencias derivadas de la migración irregular, bajo el principio de responsabilidad compartida y según el papel que cada país desempeña en el ciclo migratorio. Para estos fines, resulta fundamental que nuestro país busque con mayor frecuencia la presidencia de estos foros, particularmente de la CRM, el SICA y el MIRPS.
En los diálogos regionales es urgente reconfigurar los regímenes actuales de control migratorio y asilo en los países de tránsito y destino en la región, a efecto de equilibrar la balanza de las responsabilidades asumidas, así como de terminar de una vez por todas con las prácticas reactivas y paliativas que los han caracterizado. Ni políticas migratorias someras basadas únicamente en facilitar y agilizar los tránsitos migratorios para trasladar toda la responsabilidad al siguiente país en la ruta migratoria, ni un ‘cierre de fronteras’ orientado a criminalizar y obstaculizar las migraciones forzadas representarán soluciones duraderas e integrales ante un fenómeno complejo y dinámico que exige respuestas articuladas en ese mismo sentido.
Una línea de acción concreta en este sentido radica en establecer una mesa de trabajo permanente con los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Colombia y Guatemala, la cual tendría como objetivo definir e implementar un plan articulado para la atención integral, desde el sur y centro del continente, de los flujos mixtos que se encuentran en tránsito.
A la par, es trascendental contemplar el establecimiento de mecanismos de cooperación técnica y financiera con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y con organismos y organizaciones regionales e internacionales, con el objetivo de garantizar la procuración de fondos regulares para la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de los sistemas de refugio y de integración/reintegración de los países de la región con mayor afluencia de población migrante.
Por otro lado, un asunto pendiente a nivel bilateral con Estados Unidos es el establecimiento de un plan formal, articulado e integral de recepción, atención y protección para las personas no mexicanas que a la fecha continúan siendo deportadas y expulsadas a territorio nacional desde ese país. Dicho plan debe sustentarse en acuerdos claros sobre las implicaciones de estos procedimientos y en instrumentos de cooperación financiera, dirigidos a robustecer la infraestructura institucional del gobierno mexicano para incrementar su capacidad de respuesta operativa en la atención y protección de dichos flujos mixtos.
Asimismo, es de gran importancia retomar y perfeccionar las prácticas de cooperación multilateral que derivaron en resultados fructíferos en la administración anterior, como el Mecanismo de Coordinación en Materia Migratoria con las Embajadas en México de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Haití. Al respecto, sería un gran acierto promover el relanzamiento de dicho Mecanismo, con base en reuniones quincenales e incluir al diálogo de forma permanente a las Embajadas de Cuba, Venezuela, Ecuador y Colombia.
- Fortalecimiento de mecanismos de inteligencia y cooperación judicial
Otro de los grandes pendientes en la agenda migratoria regional es la promoción de mecanismos específicos para el intercambio de información de inteligencia y de flujos financieros vinculados a delitos asociados a la migración irregular, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial transfronteriza para el combate integral y la desarticulación de redes de tráfico ilícito de migrantes (vía terrestre y aérea), trata de personas, crimen organizado transnacional y sus delitos conexos.
La cooperación en esta materia es una de las variables más endebles y con menos resultados en la gestión migratoria regional. La operación de las redes de tráfico y trata de personas se mantiene intacta y los escasos resultados conocidos se relacionan únicamente con detenciones periódicas de individuos con participación marginal en la cadena criminal, principalmente choferes que son aprehendidos como resultado de operativos derivados por casos de alta visibilidad, como el accidente ocurrido en Chiapas en diciembre de 2021 que cobró la vida de más de cincuenta migrantes.
- Comentarios Finales
Detonar acciones y alternativas efectivas para la mejor administración de los flujos migratorios irregulares es una necesidad urgente y una responsabilidad ineludible en la agenda migratoria del gobierno mexicano y de la comunidad internacional. No es viable sostener un discurso que cierra los ojos a la realidad abrumadora de las cifras.
Los riesgos, las violaciones a los derechos humanos, la insuficiente ayuda humanitaria, la falta de soluciones duraderas y los contextos de violencia que caracterizan las rutas migratorias, reflejan el tamaño del reto que tienen por delante los gobiernos de las Américas en la materia, al ser parte de la realidad fáctica del corredor migratorio más grande del mundo: el que cruza México rumbo a Estados Unidos. También evidencian los magros resultados de las actuales políticas migratorias y la ausencia de una iniciativa integral unificada para la gestión migratoria a nivel regional.
Ante un panorama migratorio de por sí complicado, al que se le suman otros desafíos persistentes y emergentes, como la situación interna en países como Venezuela, Cuba y Haití, resulta urgente encauzar hacia nuevos horizontes las estrategias instrumentadas desde los Estados y las redes que se han tejido con agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales. Un ejercicio de evaluación y redefinición con estos aliados estratégicos es también insoslayable cuando el común denominador, en términos generales y en retrospectiva, ha sido la reproducción de prácticas reiterativas no traducidas en resultados importantes.
En suma, el viraje de la política migratoria mexicana hacia un enfoque de acción orientada a resultados concretos, medibles y tangibles, que trascienda la trampa dialéctica del discurso sobre la atención a las causas estructurales, representa una oportunidad sin precedentes para que el gobierno mexicano pueda jugar un papel protagónico en la definición de políticas en la materia que brinden las respuestas y soluciones exigidas por las crisis migratorias actuales que impactan a la región.
*El currículum vitae del autor se puede leer en la página web www.diplomaticosescritores.org en la parte superior de la página donde aparece una ventana: Quién es Quién… en el mundo diplomático.
NOTAS:
[1]OIM; Estadísticas migratorias para México. Boletín anual 2023, [en línea], 11 pp., México, 2 de abril de 2024, Dirección URL: https://mexico.un.org/sites/default/files/2024-04/estadisticas-migratorias-2023.pdf.
[2]ACNUR; El impacto del desplazamiento forzado en la movilidad humana. Reporte del monitoreo de protección en México 2023, [en línea], 46 pp., México, 5 de marzo de 2024, Dirección URL: https://www.acnur.org/mx/sites/es-mx/files/2024-03/Protection%20Monitoring%202023.pdf.
[3]INM; En los primeros cinco meses del año, el INM identificó a 1 millón 393 mil 683 personas extranjeras que viajaban en condición irregular, [en línea], México, 16 de junio de 2024, Dirección URL: https://www.gob.mx/inm/prensa/en-los-primeros-cinco-meses-del-ano-el-inm-identifico-a-1-millon-393-mil-683-personas-extranjeras-que-viajaban-en-condicion-irregular.
[4] UPMRIP; Tablero interactivo.Estadística sobre movilidad y migración en México, [en línea], México, Dirección URL: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/tablero_estadistica.
[5] U.S. Customs and Border Protection.
[6] OIM; op. cit., p. 5.
[7]Servicio Nacional de Migración; Tránsito irregular por Darién 2021-2024, [en línea], Panamá, Dirección URL: https://www.migracion.gob.pa/estadisticas/.
[8]OIM; op. cit., p. 5.
[9]Citado en Instituto para las Mujeres en la Migración; Deportación y retorno de personas no mexicanas de Estados Unidos a México, [en línea], México, junio de 2024, Dirección URL: https://imumi.org/nuestras-publicaciones/deportacion-y-retorno-de-personas-no-mexicanas-de-estados-unidos-a-mexico/.
[10]Referido por la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de los ‘Principales resultados de los Grupos de Trabajo’, en el marco de la Décima Sesión Plenaria de la CIAIMM, el 14 de mayo de 2024.
[11] OIM; op. cit., p. 8.
[12]Ibidem.
[13]Dirección General de Migración y Extranjería; Informes Estadísticos Anuales 2018-2022,[en línea], Costa Rica, Dirección URL: https://www.migracion.go.cr/Paginas/Centro%20de%20Documentación/Estadísticas.aspx#collapse.
[14]Grupo Banco Mundial; Población de refugiados por país o territorio de asilo 2023, [en línea], Dirección URL: https://datos.bancomundial.org/indicador/SM.POP.REFG?locations=HN&name_desc=false.
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